Para el Gobierno es urgente y necesario el trámite del ajuste tributario presentado por el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República el pasado 20 de julio.
La iniciativa está constituida por cuatro artículos.
El primero de ellos pretende prorrogar el cobro del impuesto al patrimonio, el cual sería pagado por quienes cuenten con un patrimonio líquido superior a los 3.000 millones de pesos.
Con este tributo, el Gobierno espera recoger 1,3 billones de pesos anuales que se destinarán a la financiación de la seguridad democrática.
Un segundo artículo busca reducir en 10 por ciento el beneficio de deducción por inversión en activos fijos reales productivos. Pasarían del 40 por ciento al 30 por ciento.
Así mismo, se incluyó un artículo que buscará prohibir el acceso de las zonas francas al beneficio de deducción por adquisición de activos.
El argumento estatal está basado en que estas zonas se benefician de un pago único del impuesto de renta sobre una tasa del 15 por ciento y al acceder al beneficio de la deducción terminaban pagando tan solo el nueve por ciento del tributo.
Finalmente, se pretende que los recursos que entrega el Fondo Emprender, sean considerados capital semilla.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga Escobar, el proyecto presentado al Legislativo es un ajuste tributario y no una reforma estructural, que pretende garantizar la sostenibilidad de la seguridad democrática.
Insistió en que el impuesto al patrimonio será por un periodo de cuatro años y lo pagarán los contribuyentes con capitales superiores a 3.000 millones de pesos.
En concepto de Zuluaga Escobar, en las actuales circunstancias no es prudente endeudar al país y por ello es mejor realizar los ajustes requeridos, con el aval del Congreso.
"Discutir esta reforma en un año electoral es una muestra de la responsabilidad política del Gobierno y contribuye a la confianza de los mercados para continuar en la búsqueda del grado de inversión", insistió.
No hay mucha claridad
Rafael Isaza González, experto en temas tributarios, calificó el proyecto como inoportuno y dijo que deja muchos vacíos en su articulado.
Sobre el impuesto al patrimonio, dijo que como está concebido es un freno al ahorro. "La gente preferirá gastar su dinero antes de pagar el impuesto. Aquí el contribuyente nuestro es reacio a pagar impuestos. Es un desestímulo a la inversión y al ahorro".
Respecto a la reducción en inversiones en activos fijos reales productivos del 40 al 30 por ciento, opinó que "eso es un regalo que no sirve como estímulo a la inversión de capitales ni a la creación de empleo".
Carlos Alberto Mesa Posada, gerente de la Zona Franca de Rionegro, se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno de evitar que confluyan los beneficios tributarios, es decir, el impuesto de renta del 15 por ciento para empresas ubicadas en estos territorios especiales, con la deducción del 30 por ciento por la inversión en activos fijos. "En aras de la justicia que debe imperar, los dos beneficios no deben coexistir", admitió Mesa.
Incluso, recordó que la reducción del descuento tributario por inversiones, del 40 al 30 por ciento, ya se había establecido en un proyecto de ley anterior -el de la segunda vivienda-, lo que muestra la intención del gobierno de recuperar esta parte de los ingresos para el fisco.
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