El Consejo de Estado ratificó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se le ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República pagar las mesadas que dejó de percibir el ex congresista Édgar Perea desde que perdió su investidura, hasta cuando fue designado como Embajador de Colombia en Sudáfrica.
Perea dejó de recibir salario desde el 31 de octubre de 2000 hasta el 1 de enero de 2009 cuando llegó al nuevo cargo.
"Solicito al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (...) pagarle las mesadas que se causen con posterioridad a su retiro definitivo del servicio con el salario de Embajador; indexar las sumas que resulten adeudadas conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., pagarle los intereses corrientes y moratorios, y los perjuicios causados por la "carencia en la garantía de los derechos fundamentales", indica un aparte del fallo emitido por el alto tribunal.
En la decisión, el Consejo de Estado explica que aún cuando Perea perdió su investidura como senador de la República, la misma le fue devuelta por la Corte Constitucional.
"El demandante (Perea) fue elegido como Senador de la República para el periodo Constitucional 1998-2002, tomando posesión del cargo el 20 de julio de 1998. El Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de julio de 2000, declaró la pérdida de su investidura como Congresista. A través de la sentencia T-1232 de 2003, la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado argumentando la violación de los derechos fundamentales del actor", indica la corporación.
Según el alto tribunal el funcionario dejo de recibir su salario como senador luego de perder su investidura y además no tenía ingreso alguno al haber renunciado a su trabajo en los medios de comunicación para acceder a un cargo de elección popular.
"Todo lo anterior permite concluir que Fonprecon debió reconocer las mesadas pensionales desde la fecha en que el demandante acreditó su retiro como Congresista, 1 de noviembre de 2000, hasta el día en que se reincorporó al servicio público como Embajador, 1 de enero de 2009, aplicando la prescripción de derechos a que hubiere lugar", puntualiza el Consejo de Estado.
