La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a 14 miembros del batallón de Infantería número 44 del Ejército Nacional, por la ejecución arbitraria de cinco personas en el departamento de Casanare.
La Procuraduría pudo probar que la muerte de estos ciudadanos, el 25 de mayo de 2005, fue provocada por múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego e igualmente que los disparos fueron realizados por miembros del Ejército Nacional.
De acuerdo con los hechos, el 24 de mayo de 2005 los uniformados retuvieron ilegalmente a cuatro hombres y una mujer que se encontraban en una finca ubicada en la vereda El Guayabetal del municipio de Monterrey (Casanare), de propiedad de una de las víctimas. Al día siguiente, en la vereda El Porvenir (Monterrey, Casanare) estas personas fueron ejecutadas arbitrariamente.
De acuerdo con la versión de los uniformados, los hechos se desencadenaron ante el ataque sorpresivo de estas personas, sin embargo, la Procuraduría advirtió que existen algunas situaciones que contradicen las explicaciones expuestas por los investigados.
"Estas personas no resultaron muertas en un combate con la fuerza pública, sino que fueron intencionalmente ultimadas por los militares y éstos para encubrir su comportamiento, simularon un enfrentamiento que realmente no existió", precisó el Ministerio Público en el fallo.
