Sabemos algunas cosas sobre la dinámica de la violencia en los conflictos armados. Sabemos que existen factores identificables que profundizan el espiral de violencia o producen sistemas de autoestabilización de los conflictos con base en la confluencia de economía y violencia.
El gobierno Santos promueve la extracción de recursos naturales en zonas en las cuales no ha consolidado el monopolio de la violencia. Se trata de zonas ricas en recursos naturales extraíbles pero pobres en desarrollo social y con instituciones del Estado precarias o inexistentes. Si no se hace frente a la ausencia estatal se establecerán o consolidarán "mercados de violencia" ( Georg Elwert, 1998).
Según el etnólogo alemán, los mercados de violencia hacen referencia a campos de actividad o espacios físicos (incluyendo las comunidades que los habitan) en los cuales predomina una lógica económica regida por actores que usan la violencia como recurso para regularla.
Los mercados de violencia vinculan las actividades legales con las ilegales y crean un sistema de perdurabilidad, mientras que la ecuación económica favorezca a quienes controlan la violencia. Elwert advirtió que: "los mercados de violencia continuarán surgiendo donde quiera que exista una coincidencia de zonas abiertas a la violencia, recursos explotables y mercados correspondientes".
La existencia de recursos naturales extraíbles exige cuidado especial, de parte del Estado y de las compañías, para que no se incrementen los conflictos sociales y no se dé lugar a los "mercados de violencia".
En países en los cuales no hay conflicto armado, la explotación minera suele generar, como mínimo, conflictos sociales y ambientales. En el contexto del conflicto armado colombiano, el apogeo de economías ilegales y la incapacidad de las instituciones para regular transacciones en muchas partes del territorio son factores de riesgo para la implantación de la violencia como mecanismo de regulación social y económica en ciertas zonas.
El desarrollo minero produce pequeñas bonanzas que generan cambios sociales repentinos y escalan los conflictos locales. Ante la falta de capacidad regulatoria del Estado, surgen múltiples agentes dispuestos a utilizar la violencia como herramienta de regulación de la oferta y la demanda de bienes y servicios, y de la observancia de los acuerdos de transacción sobre una base amplia de actividades, incluyendo la compra, la venta y el traslado de los recursos extraíbles, y la provisión de todo tipo de servicios asociados a la economía, incluyendo la seguridad, la alimentación, el sistema de prostitución, la venta de alcohol, y el tráfico y el consumo de droga. La violencia se instala por su calculada y probada efectividad para rutinizar y reglamentar conductas.
En Nariño, por ejemplo, la promesa del nuevo desarrollo minero es una condena a la implantación de un sistema sustentado en el uso de la violencia. Se da en el marco de una consolidada economía ilegal, un déficit (casi absoluto) de las instituciones para resolver los conflictos y una demostrada eficacia de la violencia como herramienta de reglamentación del comportamiento económico y social.
El impulso de la explotación minera en condiciones precarias genera un sistema social y económico cimentado en la violencia, que es cada vez más difícil de desarticular. Es hora de controlar las fuentes de riesgo, antes de seguir generando recreos económicos que estimulan la violencia. Si estos factores no son atendidos, los planes de gobierno podrían profundizar la dinámica de violencia que se experimenta en algunas zonas rurales del país.
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