La Red de Veedurías Ciudadanas (RedVer) denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castro.
La denuncia por la posible comisión de los delitos de prevaricato y tráfico de influencias se presentó luego que el periodista Daniel Coronell revelara en una columna en la Revista Semana que la hermana de Castro, Olga Lucía Castro Caballero, recibió un pago de mil millones de pesos por parte del Grupo Nule.
De acuerdo con RedVer, Castro habría incurrido en faltas disciplinarias y hasta penales ya que a pesar de la existencia de posibles nexos de su hermana con los implicados en el escándalo del ‘Carrusel de la Contratación’, no se declaró impedido para conocer el juicio que se le lleva contra el exsenador Iván Moreno Rojas, en donde es ponente.
El presidente de RedVer, Pablo Bustos, indicó que no se entiende cómo el magistrado Castro esperó hasta la publicación de la información para declararse impedido.
“Estamos ante una familia modelo. Hace negocios con vinculados en el Carrusel de la Contratación, con personas procesadas y el presidente de la Sala Penal de la Corte es el último en enterarse. Aguardó hasta que se dio a conocer a la luz públicas las relaciones de sus hermanos con un escándalo tan grave como el ‘Carrusel’”, dijo Bustos.
La denuncia de RedVer también se dirigió a la Fiscalía General de la Nación en contra de los hermanos de Castro, Olga Lucia y Omar, así como contra Guido Nule Marino, para que se determine si hubo irregularidades que se puedan enmarcar en el denominado ‘Carrusel’.
En el caso de Omar Castro Caballero, los hechos denunciados por informaciones de prensa, tienen que ver con una transacción de un apartamento que realizó con Jesús David Sierra Aldana, quien ha sido señalado de ser testaferro del contratista Emilio Tapia, también procesado por el llamado ‘Carrusel de la Contratación’.
Las acciones judiciales de la Red de Veedurías Ciudadanas serán radicadas este martes a lo largo del día.
Castro se declara impedido
El magistrado Castro respondió a la columna de Daniel Coronell este lunes sobre las nueve de la noche a través de un comunicado de prensa anunciando que se declarará impedido para seguir conociendo del juicio a Moreno.
Ahora, sobre los hechos específicos, el periodista Coronell denunció que el pago de los mil millones de pesos se hizo a través de una empresa que usaron los Nule para contratar con el Estado.
“La carta de la empresa Ponce de León y Asociados S.A –una compañía de los Nule usada para contratar con el Estado– está dirigida a Guido Nule Marino y en ella se notifica la cesión y el endoso de una factura por 1.000 millones de pesos a favor de Olga Lucía Castro Caballero”, dice la columna de Coronell.
Ante estos hechos, Castro indicó en su comunicado que ese dinero, recibido en mayo de 2008, “fue producto de una operación de factoring, a través de la cual le fue cancelado un préstamo realizado por intermediación, gestión e iniciativa de “Génesis Gestión de Fondos de Inversión”, dirigido por el señor Luis Klein”.
Según Castro, nunca fue informado de dicha transacción que se realizó antes que se posesionara como magistrado de la Corte Suprema. Además, señaló que no hubo una relación personal entre el Grupo Nule y su hermana, pero que deja su continuidad en el proceso en manos de sus compañeros de la Sala Penal.
“Sin embargo, ahora que me entero de esta operación comercial de mi hermana, aunque haya sido mucho antes de mi posesión como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no hubiese existido relación personal entre ella y los miembros del Grupo Nule, en aras de la transparencia y absoluta imparcialidad de mi actuación, pondré a consideración de la Sala de Juzgamiento mi continuidad en el proceso contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas”, dice el texto.
Por otro lado, el magistrado Castro señaló que luego que se hiciera pública la transacción de un apartamento que hizo su hermano con un presunto testaferro de Emilio Tapia, puso los hechos a consideración de la Sala Penal el pasado 5 de marzo “(…) sin que ésta observara causal inhabilitante alguna para que el suscrito continuara interviniendo en el juicio contra el exsenador Moreno Rojas”.
Ahora bien, cabe recordar que el juicio contra Iván Moreno Rojas ya culminó en la Corte luego de tres años y 47 sesiones. Lo que resta es que el magistrado Castro, ponente en este caso, proyecte su fallo para que el mismo sea discutido en la Sala Penal. Ahora, en caso de que la Sala Penal le acepte el impedimento, el proceso deberá cambiar de ponente, entre los otros cinco magistrados que estuvieron a lo largo de todo el proceso que se le adelantó a Moreno.
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