El ambiente que se respiró en Antigua, Guatemala, despejó mejor el panorama de la lucha contra las drogas en el Continente.
Que los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, aprobaran por unanimidad discutir en 2014 una nueva política contra el narcotráfico, con los adictos como el eje central del problema en términos de salud pública, y no como criminales, es un paso fundamental.
Aún así, el camino para un acuerdo definitivo será largo, dispendioso, no exento de contradicciones y retrocesos, en algunos puntos del documento base, presentado hace varias semanas por la propia OEA en Bogotá.
Se ha roto, por fin, el tabú que ha girado alrededor de la lucha antidrogas, en especial el que ha entregado a Estados Unidos el poder total en la definición de las políticas contra el narcotráfico en la región.
Ahora, con argumentos suficientes, el Continente parece estar encontrando un nuevo lenguaje y unas nuevas formas para afrontar el problema de las drogas, sin renunciar al componente militar como instrumento de combate a los grandes carteles.
Garrote y zanahoria. Perseguir sin tregua a los grandes productores de las sustancias alucinógenas, destruir sus redes mafiosas y sus actividades ilícitas, y poner a los adictos en zona de recuperación médica, como víctimas de las drogas y no como victimarios cuyo único destino posible hasta ahora ha sido la cárcel o el cementerio.
Y en estos dos últimos aspectos, la Asamblea de la OEA abordó la problemática que conlleva la criminalización y la violación de derechos humanos de los "enfermos" por parte de quienes aplican la ley de "tierra arrasada" contra las drogas.
No sólo la cifra de homicidios relacionados con actividades de narcotráfico, sino la desaparición forzada de cientos de miles de personas vinculadas a las actividades ilícitas, comprometen los resultados en la lucha antidrogas.
Guatemala, Honduras, El Salvador y México, por ejemplo, representan el 75 por ciento de todos los homicidios en la región y Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína, lo que termina por convertirlo, paradójicamente, en el principal "patrocinador" de la violencia del narcotráfico.
El nudo gordiano de la discusión hemisférica sigue y seguirá siendo la posibilidad de la despenalización de ciertas sustancias, entre ellas la marihuana; a lo que no sólo se opone Estados Unidos, sino otros países de la región, como Nicaragua, Perú y Paraguay.
La apertura que mostró el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en abordar de inmediato las políticas de salud pública que permitan recuperar a los adictos, contrastó con el portazo de Washington a legalizar la marihuana.
México, Colombia y Uruguay, son quienes mantienen la idea de emprender acciones mixtas o alternativas, sin descartar de tajo que, más temprano que tarde, la despenalización será un paso más en la lucha contra las drogas.
Así las cosas, en buena hora, esta Asamblea de la OEA se sacudió del letargo de las anteriores y se metió en uno de esos temas en que la "integración hemisférica" y la "cooperación regional" tendrán una prueba de fuego en 2014 y 2015.
El año entrante habrá una reunión extraordinaria para proseguir la discusión, y en ella intervendrán la Comisión Interamericana para el Control de las Drogas y la OPS, antesala de la Cumbre Mundial de la ONU en 2015.
El paso se ha dado. Viene lo más difícil: alinear a la región, ponerla a hablar el mismo idioma y poner al adicto en el corazón de la solución.
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