Por cuarta vez consecutiva, la Sala Plena de la Corte Constitucional aplazó la decisión sobre la tutela que interpuso la exsenadora Piedad Córdoba, con la que busca que se declare la nulidad de la sentencia del Procurador General de la Nación que la destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos.
Aunque se esperaba que la decisión, finalmente, se conociera este jueves, la corporación acogió la petición de rotación que formuló uno de los magistrados, es decir aplazar el fallo mientras los documentos y pruebas allegados al expediente son revisados por la Corte.
Colprensa conoció que las discusiones al interior de la Sala Plena han sido “intensas pero cordiales”, pues todos sus integrantes han podido expresar sus argumentos con amplitud y en un marco de respeto.
La Corte, como era de esperarse, ha analizado todos los antecedentes de casos similares así como la jurisprudencia internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También trascendió que el tema central ha sido el alcance del parágrafo 6 del artículo 277 de la Carta Política, y que da facultades al Procurador General de la Nación para vigilar a los altos funcionarios del Estado, incluyendo a los de elección popular.
Se espera que un fallo definitivo se conozca el próximo jueves 17 de octubre.
