Las denuncias acerca de presuntas amenazas y supuestos hechos de corrupción que afectan a las poblaciones de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, prendieron las alarmas en la Corte Constitucional.
En un auto de 34 páginas, la Corte le advirtió al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales sobre la necesidad de proteger a los habitantes de estas dos poblaciones y de vigilar los procedimientos que se siguen, en cuanto a la entrega de tierras y la explotación minera en esa región.
Específicamente ordenó protección a los líderes comunitarios, Enrique Petro y María Chaverra.
Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, el alto tribunal advirtió que hasta el momento ni las autoridades públicas, ni el Gobierno Nacional, han cumplido las órdenes impartidas por esa corporación en cuanto a protección y elaboración de un censo a estas dos poblaciones.
En ese sentido, la Corte fijó un plazo de 20 días para que el Ministerio de Interior y de Justicia presente el censo ordenado, el cual deberá contar con la veeduría de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Más medidas
De la misma manera, ordenó que se congelen "todas las transacciones relativas al uso, posesión, tenencia, propiedad o explotación agro industrial o minera de predios, amparados por el título colectivo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó".
Además, dispuso impedir cualquier tipo de transacción sobre los territorios que puedan afectar una devolución de tierras a los verdaderos propietarios.
Otras de las órdenes impartidas por la Corte está relacionada con la veeduría que deberá implementarse a la hora de conformar los consejos comunitarios de estas dos poblaciones, para esto el alto tribunal exigió la presencia en el proceso de organismos internaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las brigadas internaciones de paz y de Acnur.
