El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, cuestionó duramente las afirmaciones hechas por anónimos sobre que algunos de los magistrados la Sección Quinta, han exigido dinero para fallar en determinado sentido los procesos que tienen a su cargo.
Estos hechos fueron calificados por el Presidente de alto Tribunal como una “infamia” que busca desprestigiar a la Institución y a los integrantes de la Sección Quinta, encargada de asuntos electorales.
Según el magistrado Enrique Gil Botero, en varias oportunidades se han registrado cartas en las que se habla de esas irregularidades, pero sólo en una se ha podido aclarar el nombre y la cédula del remitente, pero no su dirección.
En el resto de los casos, los nombres de quienes suscriben las comunicaciones no corresponden con los documentos de identidad que son referenciados.
A pesar de estos hechos y por estar el nombre de la Corporación en entredicho, Gil Botero decidió poner en conocimiento tanto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes -juez de los magistrados- como de la Fiscalía y la Procuraduría, dichos hechos.
Pesquisas
El jurista consideró que detrás de estos casos habrían móviles políticos. No en vano, allí es donde se adelantan procesos electorales y de pérdida de investidura.
Precisamente uno de los casos a los que se hace referencia está relacionado con el proceso de nulidad electoral contra la Gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa.
Los últimos cuatro anuncios como los que se denuncian, llegaron al Consejo de Estado el 24 de junio, los días 21 y 23 de octubre y el más reciente a principios de noviembre, esta vez en contra del señor Iván Clavijo Contreras.
“Nuestras declaraciones de renta y nuestros ingresos están a disposición de las autoridades”, dijo el presidente de la Corporación, al mostrarse dispuesto a cooperar con las investigaciones que permitan esclarecer estos casos.
