Después de que aunque un Juzgado ordenara que el condenado coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, fuera llevado a la cárcel La Picota y esto no ocurrió, una tutela ordena al Inpec que explique públicamente por qué en lugar de llevarlo a ese centro de reclusión, lo llevó a la Escuela de Infantería.
Plazas Vega fue condenado por un juzgado a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El juez Sexto Penal de Bogotá, Luis Malagón Bernal, le pidió las explicaciones al Inpec, porque desconoció la orden que dio la juez Tercera Penal Especializada de Bogotá, María Stella Jara, de que Plazas debía ser recluido en la cárcel La Picota, después de recibir la condena.
"La sociedad tiene derecho a conocer la motivación o razones en que se fundamenta el traslado del coronel Luis Alfonso Plazas Vega a la Escuela de Infantería y no como lo dice el escrito de tutela al pabellón especial para personal de la Fuerza Pública de la Penitenciaría La Picota de Bogotá, como lo dispuso el Juzgado Tercero Penal Especializado el 5 de agosto del presente año", indica el fallo de tutela.
La petición fue hecha inicialmente por los abogados de las víctimas de desaparición de esos hechos, después de que ellos mismos pidieran explicaciones al Inpec y este centro, a través de la coordinadora de Asuntos Penitenciarios Martha Rocío Peñuela Quijano, se negara a dar sus argumentos, indicando que responder esa solicitud atentaría contra la seguridad de Plazas.
De ahí que el Juzgado haya considerado "vaga y abstracta" la explicación otorgada por el organismo para no revocar su decisión de recluir a Plazas Vega en una guarnición militar y no acceder a lo dispuesto por la Juez María Stella Jara, que el 5 de agosto de 2010 reseñó a través de la expedición de un auto que la condena a 30 años de prisión contra Plazas debía cumplirse en La Picota.
