El problema de las drogas no se reduce a la controversia entre salud pública y criminalización tal y como lo afirma el informe de la Comisión global de políticas de drogas, publicado recientemente. Es un tema que desde la acción de los gobiernos y en busca del interés general es mucho más complejo y multidimensional.
El problema de las drogas debe enfrentarse a través de una política integral que vaya más allá de la medición de consumo y la erradicación de hectáreas cultivadas. Una política exitosa debe contener acciones contra toda la cadena de la droga, desde su cultivo, producción, distribución y consumo. Dirigida a todo tipo de actores desde el campesino víctima de la criminalidad hasta el adicto o el jíbaro. Desde la administración de los bienes incautados al narcotráfico hasta las campañas de prevención al consumo.
En Colombia es el Consejo Nacional de Estupefacientes quien se encarga de diseñar la política de lucha contra las drogas, en un marco integral y multidisciplinario, por ello su composición es al más alto nivel, presidido por el Ministro del Interior y de Justicia, con miembros como el Procurador, el Fiscal General de la Nación, los ministros de Defensa, Protección, Educación, Relaciones Exteriores y el director general de la Policía.
El Consejo impulsó la encuesta de consumo más grande de América Latina en los últimos 11 años, que realizó Colombia en el 2009 con el apoyo de la OEA, la cual nos ubicó en el segmento de países de consumo intermedio pero con notoria tendencia al aumento.
Algunos de los resultados arrojados fueron que, 1.8 millones de habitantes afirmaron haber usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida. El 2.7% , es decir, 540.000 habitantes, admitieron haber consumido alguna droga ilícita en el último año.
Vale la pena resaltar del informe citado, la visión de la salud pública y el tratamiento del adicto como un paciente, este enfoque no es nada novedoso y en cambio sí coincide con la política que en el gobierno del Presidente Uribe aplicamos, cuando impulsamos el acto legislativo número 2 del 2009, que prohíbe "el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, salvo prescripción médica", donde el Estado se enfoca en la atención del adicto y su familia. Desafortunadamente no se ha reglamentado tan importante iniciativa a pesar de que el Senado aprobó nuestro proyecto pero se estancó en la Cámara.
En lo referente a erradicación, donde han jugado un papel trascendental las fuerzas militares y de policía, del 2002 al 2009 se pasó de 102 mil hectáreas a 68 mil hectáreas. La cifra del 2009 es la más baja en los últimos 11 años de lo que queda de área cultivada en el país. (Observatorio de Drogas de Colombia, DNE, 2010).
Esta política del anterior Gobierno se reflejó en el exitoso informe presentado en el marco del G8 por el Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras el pasado 10 de mayo, respecto a resultados durante el Gobierno del Presidente Uribe en materia de reducción de cultivos y la importancia de continuar con la lucha frontal contra el narcotráfico. Contrasta la posición del Ministro del Interior con la afirmación hecha por la canciller Holguín en el sentido de que acoge plenamente el informe publicado por la Comisión Global de Drogas.
Desde un enfoque preventivo impulsamos desde el Consejo Nacional de Estupefacientes campañas tendientes a la reducción del consumo que llegaran a la sociedad. Muchos recordarán las frases "Colombia territorio libre de drogas" y "La mata que mata". Acciones que coinciden hoy con las recomendaciones del informe de la Comisión global de políticas de drogas y la política impulsada por el Gobierno Obama.
Con el ánimo de combatir la corrupción, basados en el Conpes 3493 del 2007, creamos en el 2009 la empresa Sociedad de Activos Especiales -SAE- filial de CISA del Ministerio de Hacienda, para que administrara de manera especializada los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se revocaron 12.000 depositarios de inmuebles y se le entregaron de forma física 6.100 bienes, obteniendo así por primera vez un inventario real de bienes del narcotráfico.
Coincidencialmente, esta misma figura es impulsada por el Gobierno actual, bajo la base de una entidad que oriente la política de lucha contra la droga y otra entidad especializada, que dependa del Ministerio de Hacienda que administre los bienes, igual espíritu al del Gobierno del Presidente Uribe.
En este sentido, se solicitó por el director de la DNE en marzo del 2010 la intervención de la Fiscalía General de la Nación en el sistema de información FARO, así mismo se presentaron más de 140 denuncias en materia de corrupción de bienes y más de 50 ante organismos de control, actualmente en proceso de investigación.
En conclusión, esta problemática no se reduce al debate entre salud pública y criminalización de la droga. O a la legalización VS penalización que algunos temen utilizar. Es mucho más complejo.
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