Con gran satisfacción este Gobierno recibe los comentarios que sobre la creación del nuevo Ministerio de Justicia hizo EL COLOMBIANO en su editorial del 4 de marzo de 2011. Muchos son los puntos de concordancia en relación con la inaplazable necesidad de crear esta nueva Cartera Ministerial.
Hace casi una década, el país tomó la decisión de fusionar el Ministerio del Interior con el de la Justicia. En su momento, se respaldó esa iniciativa, porque se creyó en la idea de que la Justicia podía convivir con la Política y la Política con la Justicia, además de que ello implicaría un gran ahorro fiscal.
Ni lo uno ni lo otro resultó ser cierto, y ello lo demostró el tiempo y los públicos acontecimientos de los últimos años, que condujeron al debilitamiento de ambas Carteras, con un efecto mayor en el Sector Justicia. El ahorro fiscal brilló por su ausencia.
No solo las Altas Cortes han insistido en la necesidad de restablecer el Ministerio de Justicia, sino también la academia, las fuerzas políticas, el actual Gobierno y todos y cada uno de los candidatos presidenciales que hicieron parte de la anterior contienda electoral.
El país, casi unánimemente, cree en la necesidad y conveniencia de restablecer para la Justicia, un Ministerio.
Obviamente, compartimos la idea de que no se trata de volver al Ministerio de Justicia del pasado, como tampoco que el proceso de concepción de los nuevos Ministerios sea, simplemente, la distribución de las funciones que hoy tienen a su cargo los viceministerios.
Los retos en Interior son enormes y en Justicia aún más.
El nuevo Ministerio de Justicia debe encargarse, sin duda, de concebir y diseñar toda la estrategia normativa para descongestionar los despachos judiciales, que es, sin el menor asomo de duda, el principal problema de la Justicia.
No solo es la dilación en la tramitación de los procesos, sino que ello se ve reflejado en lo inoportuna que a veces resulta la decisión y la mala calidad de los fallos. Justicia que llega tardíamente, es injusticia.
El nuevo Ministerio debe convertirse en un verdadero centro de estudios de los asuntos de la Justicia, una entidad con capacidad de procesar, analizar y proponer soluciones eficaces a partir de la información, estadísticas e indicadores de gestión de la Rama Judicial.
En la Cartera de Justicia deben también implementarse y viabilizarse todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y fortalecerse los programas de acceso a la Justicia, sobre todo a los más pobres.
En Colombia nunca podrá hablarse de desarrollo mientras gran parte de los colombianos no tengan acceso a la Justicia.
En este sentido y como bien lo afirma el Editorial, dentro de los temas estudiados en el foro que organizamos la semana anterior junto con la cooperación alemana (GIZ), surgió la idea de dotar al nuevo Ministerio de Justicia de funciones jurisdiccionales en algunos asuntos con el fin de que directamente sea un oferente de servicios judiciales para los más necesitados y contribuir de esta manera a que el derecho de acceso de los más necesitados sea una realidad.
Sin embargo, debe entenderse que este servicio nunca entraría en conflicto con los propósitos comunes de fortalecer a la Rama Judicial y conceder facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas en aquellos asuntos de su conocimiento técnico. Esta iniciativa nos tiene entusiasmados y está siendo objeto de análisis y diseño.
Sin duda y como bien se afirma en el Editorial, la adecuada Defensa Jurídica de la Nación no solo es una necesidad sino también el taponamiento eficaz de la vena rota presupuestal en que se han convertido las condenas en contra del Estado.
El nuevo Ministerio tendrá adscrita una entidad con autonomía que se encargará no solo de representar a las entidades públicas en sus litigios, sino de adelantar una ambiciosa política de prevención del daño antijurídico, ejecución de protocolos de defensa judicial y disminución del pasivo contingente generando la liberación de recursos para la inversión social.
Compartimos la idea de que el Ministerio de Justicia debe ser algo más que el manejo del Inpec y la construcción de cárceles.
El compromiso del Gobierno es crear un nuevo Ministerio que interlocute con la Rama Judicial, coopere armónicamente en el diseño de la Justicia, de la política criminal, de la política antidrogas y de la justicia transicional, para que se convierta en prenda de garantía de la necesidad de contar con la Justicia como tema prioritario de la agenda del Gobierno y del país.
* Ministro del Interior y de Justicia
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