No hay derecho a que abogados inescrupulosos se aprovechen de las víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y reclutamientos de menores, tal como lo denunció el Vicepresidente de la República, Francisco Santos. Según el alto funcionario, existe un "cartel de abogados pícaros" dedicado no sólo a aprovecharse de las tragedias ajenas sino a desfalcar al Estado colombiano, ya que les cobran a los afectados por la violencia hasta el 20 por ciento de la indemnización que reciben por la reparación administrativa. Es inaudito que algunos profesionales deshonren la bella ciencia del derecho y se comporten como mercaderes de las leyes. Se hace entonces perentorio que el Consejo Superior de la Judicatura actúe y los sancione en forma rigurosa, llegando hasta las últimas consecuencias. Tal y como debe ser, ya que con el dolor humano no se negocia.
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