Un informe de la Fiscalía revela un preocupante fenómeno entre las Fuerzas Armadas: 99 oficiales son investigados por asesinatos o montajes para presentar bajas enemigas como si fueran muertes en combate.
En el informe, conocido en exclusiva por la agencia AP, se consigna que entre los oficiales investigados hay seis coroneles. Además son indagados 113 suboficiales y 480 soldados. En total, entre militares y policías, los investigados por los "falsos positivos" son 803.
El reporte de la Fiscalía deja en claro que ya no sólo van a prisión soldados o policías rasos por violación a los derechos humanos. Ahora lentamente les toca pasar por el tamiz de la justicia a coroneles y generales.
Hace 10 años, sólo tres militares y policías fueron procesados por "falsos positivos" o muertes fuera de combate. En cambio, el año pasado, por el mismo cargo, 245 uniformados tuvieron que acudir a la Fiscalía.
Práctica común
"No es que el fenómeno sea nuevo, aunque es cierto que en los últimos años esa repudiable práctica se ha incrementado", aseguró Iván Cepeda Castro, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
El informe de la Fiscalía registra la apertura de 558 investigaciones en la Unidad de Derechos Humanos. En ellas se indaga por las muertes de 933 hombres y 82 mujeres (48 eran menores de edad). En casi todos esos casos, dice la Fiscalía, se habló de personas muertas en combate.
El estudio advierte, además, que los departamentos de Antioquia, Córdoba y Meta son los que registran el mayor números de homicidios por parte de militares y policías.
"Ese fenómeno puede presentarse en estos tres departamentos como resultado de la connivencia entre paramilitares y agentes del Estado", apuntó Gonzalo Sánchez, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
El informe de la Fiscalía habla de seis coroneles detenidos, y probablemente el caso más significativo es el del coronel Hernán Mejía, quien durante los casi 30 años que estuvo activo fue condecorado por sus servicios al país. Hoy, Mejía está en prisión por vínculos con paramilitares de Valledupar, cuando era comandante del batallón La Popa.
La investigación penal dice que el 18 de junio de 2002, para mostrar su rendimiento, Mejía presentó los cadáveres de dos jóvenes como muertos en combate. Así mismo, el 26 de octubre de 2002 tropas del coronel Mejía abatieron a 18 supuestos guerrilleros, en una hacienda del municipio de Bosconia (Cesar), que resultaron ser paramilitares.
Depuración
Aparte de las investigaciones en la Fiscalía, en lo que va corrido de 2008 el Ejército ha destituido a 947 efectivos y la Policía a 199 por delitos relacionados con derechos humanos, narcotráfico y corrupción.
Tal información fue entregada a AP por los generales Freddy Padilla y Óscar Naranjo, comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, respectivamente.
"Cada caso nos duele y queremos contribuir para que la Fiscalía y la Procuraduría hagan investigaciones justas y prontas", aseguró Padilla. "Pero también queremos que nuestros hombres se defiendan", advirtió el oficial.
Las investigaciones de la Fiscalía, en síntesis, son un duro golpe para el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que en los últimos seis años se ha enfrascado en una guerra sin cuartel para tratar de derrotar a la guerrilla.
Aunque en esa materia sus logros son evidentes, el estudio deja en claro que las Fuerzas Armadas, la clave para lograr ese objetivo, se ha dejado permear por violadores a los derechos humanos.
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