El asesinato de dos ciudadanos en un lejano paraje del departamento de Caldas, fue el principio de la trama que terminó con el reciente revolcón en la cúpula de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Según archivos de la Fiscalía, el 26 de septiembre del 2007 un pelotón del batallón de contraguerrilla N°57 Mártires de Puerres, incursionó en el municipio de Neira, una población de unos 30.000 habitantes.
La patrulla estaba conformada por miembros del Equipo Atacador 6, al mando del sargento Manuel Alejandro Parra Estupiñán. Su objetivo era el cumplimiento de la misión táctica N°035 "Zaragoza", originada por la supuesta presencia de 12 integrantes de bandas criminales al servicio de las Farc, "dedicados a la extorsión, el hurto de ganado y amenazas de secuestro a los habitantes de la región".
En la citada fecha, desembarcaron en la vereda La Ilusión y se internaron en el monte. Tres días después ocurrió la tragedia, cuyos detalles están contenidos en un fallo del Consejo Superior de la Judicatura (radicado N°110010102000200802355 0073-01), el cual definió que la justicia ordinaria, y no la penal militar, debía asumir el caso.
El informe de patrullaje del sargento Parra indicó que el 29 de septiembre de 2007, en la finca Piamonte de la vereda Trocaderos, a las 20:00 horas, observaron que dos sujetos bajaron de un vehículo. "Caminaron hacia los uniformados, quienes, al momento de identificarse como tropas del Ejército, recibieron ataque con armas de fuego, y en ejercicio del derecho de legítima defensa, los soldados responden al ataque".
Según los militares, metros más adelante hallaron un cadáver, pero el otro solo fue encontrado en la madrugada siguiente, en unos matorrales. Los registraron como NN, "miembros de bandas al servicio de las Farc, muertos en combate"; les incautaron una pistola 9 m.m., con dos proveedores y 15 cartuchos.
Irregularidades
La investigación subsecuente arrojó inconsistencias con aquella versión. La Fiscalía 21 Especializada de Manizales determinó que las víctimas fueron Janio César Sepúlveda Ambito, un comisionista de carros y motos que viajó en bus a Neira para comprar un automotor; y lo acompañaba su amigo, el constructor Luis Fernando Moreno Marín.
Cuando los policías de la Sijín de Manizales acudieron para hacer la inspección a la escena, los soldados los obligaron a retirarse; pasaron unas 15 horas antes de dicha diligencia judicial, que terminó haciendo el CTI.
Las entrevistas a la comunidad concluyeron que en el sector no había presencia de grupos armados ni víctimas de extorsiones. Los implicados respondieron que la información salió de un consejo de seguridad, mas la propia Secretaría de Gobierno los desmintió indicando que en ninguna reunión se había discutido sobre la delincuencia en Neira (oficio 01442 del 26 de noviembre de 2007).
Las necropsias arrojaron que las lesiones no correspondían con las de un combate. "La Fiscalía 21 Especializada de Manizales (…) deduce de manera fundada que posiblemente se presentó un ajusticiamiento por parte de las Fuerzas Militares, valga decir, un acto fuera de la esfera del servicio militar", señala el fallo del Consejo Superior en el capítulo "Argumentos del conflicto".
Por la gravedad de los hechos, el expediente pasó a manos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, que a la fecha ha logrado cuatro capturas, incluyendo a dos oficiales vinculados por la línea de mando sobre la tropa.
En agosto de 2012, ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá, fueron presentados el capitán Edwin Javier Madroñero Quemba y el sargento Manuel Alejandro Parra Estupiñán. Les imputaron los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de armas de fuego y falsedad ideológica en documento público.
Al mes siguiente, el coronel Róbinson González del Río fue llevado al Juzgado 64 Penal Municipal de Bogotá, con los mismos cargos, en calidad de presunto coautor. Igual imputación le hicieron en octubre de 2012 al sargento Rubi Harold Túquerres, en el estrado del Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá.
Ninguno de los detenidos aceptó los cargos y fueron cobijados con la medida de aseguramiento en la cárcel La Picota.
Un informe de la Fiscalía sobre estas audiencias, señala: "el hoy imputado (Túquerres) y otros uniformados, supuestamente, recogían mensualmente 10.000 pesos para comprar armas en el mercado clandestino, que posteriormente ponían junto a las víctimas".
Sobre las muertes de Sepúlveda y Moreno, la teoría del ente acusador es que "mediante engaños los condujeron a ese lugar" para dispararles.
Las "chuzadas"
En esta investigación se autorizaron interceptaciones telefónicas, algunas reveladas hace poco por la revista Semana. En los audios no solo aparece el coronel González del Río, sino que se menciona a otros altos mandos en conversaciones sobre supuestas irregularidades en contrataciones del Ejército, un hecho distinto al doble homicidio por el cual comenzó esta historia, pero que se terminó destapando en las "chuzadas".
El escándalo derivado provocó que el Gobierno relevara de sus cargos a seis oficiales, incluyendo al general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, por comentarios desobligantes contra el poder judicial en una de las llamadas interceptadas.
Y, según el comunicado del Mindefensa, porque "había personas que por sus funciones debían haber tomado medidas respecto de lo que estaba ocurriendo, y no actuaron con la contundencia necesaria, así como personas que obtuvieron resultado inferior a lo normal en las inspecciones administrativas", fueron despedidos: el general Manuel Guzmán (segundo comandante del Ejército), general Fabricio Cabrera (jefe de Aviación del Ejército), general Diego Sánchez (Jefatura de Familia del Ejército) y el general Jaime Reyes (director de Acción Integral).
A esto se sumó la renuncia del general Javier Rey, jefe del Comando Conjunto de Operaciones del Ejército.
Aunque estos altos mandos nada tuvieron que ver con el doble homicidio, la línea de investigación que se desprendió de las conversaciones del coronel González del Río, sobre asuntos de contratación, los perjudicó. Al parecer tenía contacto directo con muchos comandantes y subalternos de la Institución.
"Lo que se ha conocido por parte de los medios de comunicación es una información que surgió de un proceso que se llevaba por parte de un fiscal de Derechos Humanos, que investigaba falsos positivos", declaró la semana pasada el vicefiscal General, Jorge Perdomo.
Y añadió: "De ahí surgieron seis meses de interceptaciones telefónicas que en su momento fueron enviadas a la Comisión de Acusación de la Cámara para que se investigara lo pertinente, de acuerdo con una información que teníamos sobre personas aforadas, como algunos generales de la República".
El proceso contra los cuatro arrestados por el caso de Neira ni siquiera ha llegado a etapa de juicio, seis años y cinco meses después de los hechos. Su defensa interpuso recursos intentando demostrar conflictos de competencia, sin éxito, aunque eso retrasó las audiencias. El próximo mes la Fiscalía presentará el escrito formal de acusación.
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