Una de las herencias hispánicas más difíciles de superar, la tramitomanía, es, una vez más, objeto de regulación en otro intento de hacer que el Estado no agobie hasta límites intolerables al ciudadano. Porque aunque la paciencia de los colombianos ha sido casi infinita, hasta los mismos Gobiernos se dan cuenta de que su acoso a la gente, a través de trámites y regulaciones, supera lo racionalmente admisible.
En 1995, el Gobierno de la época expidió el Decreto Ley 2150, de "supresión de trámites innecesarios". Recordamos al Presidente de entonces exclamando "¡no más autenticaciones fútiles, no más vueltas eternas e inoficiosas!". En ese decreto se imponían obligaciones a la Administración Pública, como no pedir copias de documentos que ya tuviera en su poder, la supresión de sellos, autenticaciones, y otros.
El 8 de julio de 2005, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 962, de "racionalización de trámites y procedimientos administrativos". La intención, aparte de descargar al ciudadano de papeleos impuestos por el Estado, buscaba que éste se acoplara a las nuevas tecnologías para facilitar las gestiones ante entidades públicas. También el Gobierno de entonces utilizó las mismas figuras retóricas con las que ahora el Presidente Santos intenta convencernos de que, ahora sí, habrá un Estado eficiente.
No nos unimos al coro que ha recibido con un entusiasmo poco habitual este último Decreto de "tramitomanía". Por supuesto que nos parece bien que se racionalicen o se eliminen los trámites directamente cuando se ha comprobado su improcedencia. Pero lo que no nos permite aplaudir, es el tener demasiado claro que mientras la voluntad de los funcionarios no se compadezca con el espíritu de la nueva norma, no hay nada qué hacer.
Las anteriores leyes antitrámites estaban ahí, vigentes hasta ahora, y la realidad para el ciudadano no cambió. Las vueltas eran cada vez peores, las gestiones ante entidades públicas interminables. ¿Por qué? Porque no parece ser del agrado de la burocracia pública -¡ni de la privada!- que la vida del ciudadano no se agote haciendo filas. Porque no es sólo en el sector público. Todos sabemos lo que es hacer cualquier gestión en un banco o ante una empresa de telecomunicaciones.
Los estudios de teoría de la administración enseñan que la burocracia arma sus propias estructuras para someter al ciudadano a sus reglas. El papeleo no es gratuito. Refleja la subordinación del particular ante el funcionario. Los permisos, licencias, autenticaciones, seguirán vigentes, a pesar de que haya norma jurídica en contrario. Es una práctica administrativa que la burocracia vuelve ley, y no hay ciudadano capaz de vencerla.
La ley de 2005, por ejemplo, prohibía trámites que no estuvieran consagrados por ley. El año pasado, mediante decretos que buscaban no sólo complicar la vida al ciudadano sino favorecer a los bancos, la DIAN hizo más dispendioso y complicado el trámite del RUT. Dirían los funcionarios: ¿quién puede más, la ley, o nosotros? Esa es la realidad. No creemos que por haber un nuevo Decreto, esa realidad se vaya a modificar. Lo sentimos.
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