La crisis carcelaria tocó fondo. Nunca antes el hacinamiento había llegado a tal punto, que las entidades comenzaran a hablar de declarar el Estado de Emergencia.
Este es el panorama de los problemas que carcomen el sistema penitenciario y las soluciones que están sobre la mesa.
PROBLEMAS
1. EN HACINAMIENTO HAY CASOS HASTA DEL 400%
Alcanzó un nivel del 54.5%, es decir, que para una capacidad de 75.726 cupos, hay una población carcelaria de 113.890. Según el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, en la prisión de Riohacha el hacinamiento es del 400%.
El viceministro de Política Criminal, Farid Benavidez, indica que al año entran 47.000 presos y salen 37.000, y el desequilibrio podría aumentar. Por la cantidad de gente encarcelada, Colombia ocupa el puesto 13 en el mundo; y en términos de sobrepoblación, el octavo lugar.
2. 700 DEMANDAS POR DERECHOS HUMANOS
La prisiones fueron diseñadas para restringir el derecho a la libertad, pero en Colombia afectan otros, como la salud, la integridad personal y la vida.
Carlos Contreras, de la ONG Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, dice que cada fin de semana van 5.000 mujeres de visita a Bellavista, “y muchas son vulneradas en su dignidad en las requisas”.
Por la presunta violación de derechos el Inpec tiene 700 demandas por $400.000 millones, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
3. CÁRCELES DONDE SE COMERCIA CON LA SALUD
Insalubridad en prisiones, deficiencias en baterías sanitarias y flojos planes de saneamiento son comunes.
Hay sitios donde se comercia con la enfermedad: presos que abrazan la peste solo para que los cambien de patio, y tráfico de medicamentos, cuenta el viceministro de Salud Fernando Ruiz. Además, la falta de guardianes dificulta la asistencia de los reos a citas médicas.
Aumentan las enfermedades respiratorias, problemas mentales y los males crónicos del envejecimiento; es complicado aislar a internos con enfermedades contagiosas y hay cárceles con brotes de varicela y paperas.
En los últimos dos años murieron 39 internos de Bellavista, la gran mayoría por enfermedades, según Contreras; en 2013 van ocho.
4. 8.000 ES EL DEFICÍT DE VIGILANTES
Hay patios donde apenas 15 guardianes “cuidan” a 1.200 presos. El déficit de vigilantes es de 8.000, acota MinJusticia, y este año apenas se han incorporado 1.700.
A esto se agregan las constantes quejas por corrupción. El representante a la Cámara por Antioquia, Víctor Yepes, manifiesta que hay guardianes que cobran plata por llevar un preso a la enfermería.
5. POCA SEGURIDAD JURÍDICA AL SOSPECHOSO
Es una de las críticas contra la Defensoría, sobre todo de opositores, que consideran que los defensores de oficio no están bien calificados y los sospechosos van a prisión en la mayoría de veces. Otálora rechaza esa tesis y argumenta que en muchos casos las detenciones son en flagrancia, lo que limita la función del abogado. De otro lado, a nivel nacional hay 2.960 defensores públicos, el déficit es de 5.000.
6. SE NECESITARÍAN 3 NUEVAS CÁRCELES AL AÑO
Según el viceministro Benavidez, construir una cárcel para 4.500 reos cuesta $300.000 millones; teniendo en cuenta que cada año hay unos 12.000 presos nuevos, se necesitarían tres recintos anuales. “A 2030, el sector de prisiones superará el presupuesto del sector Defensa”.
El Inpec gasta $150.000 millones en remisiones de internos a las audiencias y citas médicas. Con esa plata se podría construir un penal.
Son 142 centros de reclusión (incluyendo guarniciones militares), de los cuales solo 10 cumplen las normas modernas de arquitectura penitenciaria. Las demás llevan más de medio siglo construidas.
7. TEMORES DE LA COMUNIDAD POR LA REFORMA
Al presentar el proyecto de reforma al Código Penitenciario, diversos sectores sociales y de oposición temen que favorecerá las excarcelaciones e impunidad, y habrá deterioro de la seguridad ciudadana. El Gobierno niega que su propuesta genere esa situación, pero el debate está en la mesa.
8. UN SISTEMA QUE BUSCA CÁRCEL PARA TODO
El representante a la Cámara Carlos Osorio enfatiza que el sistema penal es netamente punitivo, “busca cárcel para todo”, y prueba de ello es la ley de Seguridad Ciudadana, que endureció las penas.
Jaime Fajardo Landaeta, constituyente del 91 y asesor de Paz de la Alcaldía de Medellín, opina: “Parece que mientras haya más presos es mejor, cuando en una sociedad de derechos consagrados debería ser menor esa población”.
La citada ley de Seguridad provocó en gran parte que el índice de hacinamiento creciera 25 puntos de 2011 a 2013.
El excongresista Benjamín Higuita narra que en las últimas dos décadas se produjeron 37 reformas al Código Penal para aumentar penas o agregar delitos, “hay congresistas que ante una queja de la comunidad, piensan: proyecto de ley y cárcel, porque eso da votos”.
Incluso el fiscal General, Eduardo Montealegre, agrega que “cada vez más volvemos a viejas épocas de recurrir solo a la detención como sistema acusatorio”. Ese incremento de leyes punitivas, además, no ha sido acompañado del aumento de celdas.
9. CIERRE DE CÁRCELES VÍA TUTELA
La directora Regional Noroccidente del Inpec, Diana Rúa, afirma que la crisis se agudizó por los fallos judiciales de este año, que debido a tutelas por el hacinamiento ordenaron a varias prisiones no recibir más gente, incluyendo Bellavista. El hecho provocó la acumulación de un centenar de procesados en los calabozos transitorios del Palacio de Justicia de La Alpujarra, en detrimento de sus derechos.
Según Otálora, hay 14 cárceles cerradas “y habrá más, pues hay tutelas en curso”.
10. TARDANZA EN SOLICITUDES DE LIBERTAD
“Es inconcebible la demora en las peticiones de libertad de internos que ya cumplieron su pena”, se queja la ministra de Justicia, Ruth Correa.
Diego Monsalve, director Jurídico de Bellavista y miembro del Sindicato del Inpec, dice que de cada 100 solicitudes de libertad después de fallos absolutorios, al mes apenas se responde una. La razón es que cerca de 9.000 peticiones están represadas en los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas.
SOLUCIONES
1. MODELO DE SALUD QUE SUPERE EL DE LAS EPS
Aplicar un modelo de salud especial para las prisiones, que vaya más allá de la simple afiliación a una EPS y se preocupe por el trabajo de prevención intramural, propone el viceSalud Fernando Ruiz.
El MinJusticia inició en 2012 la adecuación de 45 unidades sanitarias en las cárceles y expidió el Decreto 2496 de 2012, que permite afiliar a los internos a una EPS distinta a la cuestionada Caprecom.
2. MÁS JUECES DE PENAS Y OFICINA EN LA CÁRCEL
Lo ideal es llegar a 300 jueces de Ejecución de Penas por cada interno, y que estos funcionarios tengan oficina en las cárceles para agilizar gestiones y reducir los costos en los desplazamientos de reos.
Este mes fueron nombrados 17 juristas nuevos.
El general Gustavo Ricaurte, director del Inpec, informa que en los últimos dos años se pasó de 14.000 detenciones domiciliarias a 24.000, por obra de los jueces.
3. PROYECTOS DE LEY ESTÁN EN TRÁMITE
En la actualidad hay dos en curso, uno fue presentado por el Gobierno el 21 de mayo y ya pasó su primer debate en la Cámara. Está basado en 12 pasos contemplados por MinJusticia para reformar el Código Penitenciario.
La ministra Correa señala que su propuesta permitirá contar con una figura de emergencia carcelaria más amplia, pues con la actual solo se podían hacer traslados o contrataciones directas.
El otro proyecto es del senador Édgar Espíndola, y a diferencia del gubernamental no pretende reformar el Código Penitenciario, sino derogarlo y crear uno nuevo. Esta propuesta, radicada en febrero, aún no pasa el primer debate en el Congreso.
El excongresista Higuita sugiere que el parlamento debe analizar los dos proyectos y promulgar una sola ley.
4. PENAS DISTINTAS A CÁRCEL SIN IMPUNIDAD
Otálora propone que se suprima la multa como un obstáculo para conceder la libertad.
Fajardo sugiere una excarcelación masiva, “que no es sinónimo de impunidad, porque al menos el 40% no deberían estar presos. ¿Que la gente dirá que saldrán a delinquir? ¡Pero si las cárceles son los mejores centros del delito! Hay una crisis humanitaria y hay que manejarlo así”.
La idea incluye aplicar otras medidas como detención domiciliaria, libertad condicional, vigilancia electrónica y demás. Según el Inpec, cerca de 5.000 internos son de mínima seguridad, están por delitos con penas menores a dos años y podrían pagar la sentencia por fuera.
5. RESOCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
El Gobierno considera que hay una relación directa entre la resocialización dentro de la cárcel y la seguridad ciudadana en el exterior. El general Ricaurte dice que hay 40.000 internos estudiando carreras técnicas y tecnologías. La idea es aumentar ese esfuerzo, agregando el trabajo social y sicología.
6. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA
La Defensoría propuso al Gobierno que declare la Emergencia Social (art. 215 de la Constitución), para que pueda “expedir decretos con fuerza de ley que permitan, por ejemplo, implementar figuras políticas para excarcelar personas que hayan cometido delitos de bajo impacto”. Según la Carta Magna, el Presidente podrá declarar el Estado de Emergencia “cuando sobrevengan hechos que amenacen perturbar en forma grave el orden económico, social y ecológico del país (...)”.
7. CONSTRUIR MÁS CÁRCELES: LA META SON 6
MinJusticia trabaja en un proyecto con Inpec y MinDefensa, para que los ingenieros militares construyan este año 4.000 cupos en las colonias penitenciarias (para presos de mínima seguridad).
Además, la meta gubernamental es edificar seis nuevos establecimientos con capacidad para 26.000 personas.
8. EL INPEC SOLO DEBE RECIBIR CONDENADOS
Una de las propuestas del Gobierno es que las alcaldías y las gobernaciones se encarguen de las personas que tienen detención preventiva (sindicados, imputados y demás), para lo cual tendrían que fortalecer las cárceles municipales. Así, al sistema del Inpec solo ingresarían los condenados.
Monsalve, del sindicato del Inpec, cuenta que el 40% de los reos son sindicados.
9. RENOVACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL
MinJusticia presentó un documento al Departamento Nacional de Planeación, con los trazos de lo que a futuro será la política criminal del país, “que parta de la base de las capacidades del Estado, que utilice alternativas al sistema penal y la privación de la libertad, que busque el consenso de las instituciones involucradas”, según el despacho.
10. FORTALECER EL SERVICIO DE DEFENSA
MinJusticia pretende apoyar a la Defensoría y Universidades para que presten un mejor servicio de defensa a los procesados. Por su parte, la Defensoría está en proceso de evaluar a sus funcionarios con entrevistas y exámenes, para renovar sus contratos; la entidad presentó a la Cámara de Representantes un proyecto para que al Gobierno le den facultades especiales para modernizar la entidad.
