Edición del mes | PUBLICADO EL 15 julio 2025
A propósito del Tesoro Quimbaya, ¿de quién es la riqueza de la tradición ancestral?
Desde hace varios años se libra una puja jurídica por recuperar el Tesoro Quimbaya, esto dentro de una conversación global: ¿de quién el patrimonio cultural?
Nicolás Loaiza Díaz / Consultor en desarrollo social.
El Tesoro Quimbaya, guaqueado en Filandia, Quindío, en 1890, se convirtió rápidamente en un símbolo controvertido de identidad nacional y patrimonio cultural en Colombia. Apenas tres años después de su hallazgo, el entonces presidente Carlos Holguín Mallarino decidió donarlo al gobierno español, en un acto que muchos interpretan hoy como sumisión colonial o negligencia diplomática. Esta donación ha marcado desde entonces el debate en torno al expolio cultural y la apropiación patrimonial.
Como mencionamos arriba, el hallazgo del Tesoro Quimbaya se hizo a través de la guaquería, término que describe la excavación informal e ilegal en búsqueda de patrimonio arqueológico. Esta práctica ha sido desde la época colonial una actividad generalizada en Colombia. Motivada originalmente por la riqueza material contenida en tumbas indígenas (ergo el calificativo de tesoro), se arraigó profundamente en la sociedad como una fuente rápida de ingresos económicos, especialmente en contextos rurales empobrecidos.
De acuerdo con un estudio reciente de Pedro Argüello, la guaquería no solo ha perdurado por siglos, sino que ha evolucionado, impactando significativamente el patrimonio arqueológico del país. Esta tradición, profundamente colonialista en su origen, refleja un problema más amplio: el desprecio por las manifestaciones culturales de otras sociedades sustenta la práctica extractivista del patrimonio. Los objetos obtenidos mediante guaquería pierden su contexto cultural, histórico y arqueológico original, lo que limita enormemente la comprensión sobre las sociedades que los produjeron. En muchos casos, el oro precolombino termina fundido en lingotes, perdiéndose para siempre su valor cultural y simbólico.
El colonialismo cultural se manifiesta claramente en el ámbito internacional, particularmente en la apropiación y exposición del patrimonio cultural por parte de grandes museos, así como de personas y organizaciones poderosas del mundo. Esta apropiación, bajo la aparente justificación de una “universalidad cultural”, no solo despoja a las comunidades locales de su herencia histórica, sino que descontextualiza radicalmente los objetos culturales, convirtiéndolos en meros artículos coleccionables y comercializables. Esta transformación mercantilista implica que las piezas arqueológicas son vistas y tratadas principalmente como bienes materiales con valor monetario, ignorando el profundo significado cultural y social que poseen para las comunidades que los crearon y que nos llegan como herencia del pasado.
El Tesoro Quimbaya, actualmente expuesto en el Museo de América en Madrid, es un claro ejemplo de este fenómeno. Desde 1965, sus piezas se muestran lejos de su contexto original, desvinculadas del relato cultural y reducidas a una simple exhibición de objetos hermosos y exóticos. Esta descontextualización no solo altera el entendimiento público sobre las culturas originarias, sino que fortalece narrativas coloniales al presentar estos objetos como trofeos de conquista cultural. Dicho esto, en las últimas décadas se han hecho esfuerzos investigativos que han vinculado a la Academia y a instituciones como el Museo del Oro de Colombia y a investigadores de metalurgia del INAH de México, desafortunadamente, la divulgación a públicos generales ha sido escasa.
Este caso no es único. La comunidad internacional ha presenciado múltiples movimientos y reclamos por la repatriación de objetos culturales saqueados o extraídos en circunstancias similares. Ejemplos emblemáticos incluyen los mármoles del Partenón, reclamados por Grecia al Museo Británico, así como los Bronces de Benin, reclamados también a éste y otros museos europeos; así como objetos precolombinos, asiáticos y egipcios dispersos por museos de Europa y Norteamérica. Colombia, en consonancia con estas iniciativas globales, intensificó desde hace algunos años sus esfuerzos diplomáticos y legales para reclamar el regreso del Tesoro Quimbaya.
Los argumentos colombianos se basan principalmente en razones éticas, culturales e históricas; además de la reafirmación de la soberanía nacional reconociendo a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. En 2017, la Corte Constitucional determinó que la donación hecha en 1893 fue ilegal, al haberse realizado sin consultar al Congreso. Sin embargo, el debate no es unánime dentro del país. La Academia Colombiana de Historia ha manifestado resistencia frente a la repatriación, calificando en 2023 como “un despropósito” esta solicitud y argumentando que el Tesoro no fue fruto de un despojo militar, sino una donación diplomática legítima destinada a saldar una deuda simbólica con España por su apoyo en un laudo limítrofe con Venezuela. Incluso sugieren centrar los esfuerzos en nuevas exploraciones en La Soledad (Quindío) en lugar de insistir en la devolución de las piezas.
Desde la perspectiva española y de algunos museos internacionales, la resistencia a la repatriación también se fundamenta en aspectos prácticos y conservacionistas. Se argumenta que mantener estas piezas en instituciones sólidas garantiza mejores condiciones de conservación y una mayor accesibilidad global, lo que contrarrestaría posibles riesgos derivados de limitaciones presupuestarias o inseguridad en las instituciones receptoras.
Sin embargo, esta posición ignora aspectos fundamentales relacionados con la justicia cultural y la autodeterminación de los países de origen. La dispersión global del patrimonio arqueológico colombiano, ejemplificada no solo por el Tesoro Quimbaya sino por muchas otras piezas precolombinas que se encuentran en museos extranjeros y colecciones privadas, revela un patrón de expolio segmentado. Los objetos arqueológicos se han convertido en mercancías que circulan internacionalmente, perdiendo su contexto y fracturando conjuntos que originalmente tenían un significado coherente y completo.
La Constitución Política de Colombia otorga al patrimonio arqueológico un papel fundamental, reconociéndolo como parte integral de la identidad nacional y de las múltiples identidades culturales que conforman el país. Según la Carta, este patrimonio pertenece exclusivamente a la Nación, es decir, no es propiedad privada. Además, se declara inalienable, lo que significa que no puede ser transferido o vendido; inembargable, indicando que no puede ser retenido o usado como garantía por deuda alguna; e imperscriptible, señalando que el derecho de propiedad del Estado sobre estos bienes no caduca con el tiempo.
Este panorama resalta los desafíos que enfrenta el patrimonio arqueológico colombiano en su conjunto. La debilidad de las regulaciones estatales, la persistencia de prácticas ilegales como la guaquería, la falta de recursos suficientes para la conservación adecuada y el comercio ilegal contribuyen significativamente a la pérdida patrimonial. La insuficiente inversión en educación pública sobre la importancia del patrimonio arqueológico agrava esta situación, perpetuando un círculo vicioso donde el patrimonio sigue siendo visto principalmente como un recurso económico inmediato y no como un valor cultural fundamental.
La puesta en valor del patrimonio arqueológico colombiano requiere una estrategia integral que incluya la educación pública masiva, la participación comunitaria efectiva y una fuerte inversión en museos locales y nacionales bien equipados y protegidos. Solo mediante una concientización profunda del valor histórico, cultural y simbólico del patrimonio arqueológico se podrá revertir la tendencia histórica de expolio y dispersión.
El caso del Tesoro Quimbaya representa una oportunidad crítica para reflexionar sobre las responsabilidades colectivas frente al patrimonio cultural. Su repatriación podría convertirse en un acto significativo de justicia cultural, contribuyendo a redefinir la narrativa patrimonial de Colombia en términos de dignidad, soberanía y respeto por su historia. Tal vez, en un futuro, logremos concertar cómo el patrimonio arqueológico contribuye a nuestra identidad nacional y entendamos que no son unos simples “tesoros”.