El nombre de Laura Gallego Solís, exseñorita Antioquia ante el Concurso Nacional de Belleza, se convirtió en centro de debate tras la difusión de videos en redes sociales en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo de La Espriella y Santiago Botero.
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En los clips, Gallego planteó casos hipotéticos en los que se sugería el uso de armas contra los políticos mencionados, generando reproches públicos y llevando al concurso a emitir un comunicado en el que rechazaba las declaraciones y recordaba que las participantes no deben involucrarse en política mientras representan a sus regiones. Tras la polémica, Gallego presentó su renuncia al título de Señorita Antioquia.
En la carta de renuncia, la exreina firmó como “abogada y activista ciudadana”. Sin embargo, en una reciente investigación de El Tiempo reveló que Gallego Solís no se encuentra inscrita en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como profesional del derecho. Este dato fue certificado por el director de la entidad, Andrés Parra Ríos, en un documento fechado el 30 de octubre de 2025.
Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura explicaron que, para ejercer la abogacía en Colombia, es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados y contar con la tarjeta profesional vigente (TPA) para representar a terceros. En consecuencia, legalmente Gallego Solís no puede presentarse como abogada mientras no cumpla con estos requisitos.
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Este hallazgo añade un nuevo elemento a la controversia que rodea a la exreina, centrada inicialmente en el lenguaje y los mensajes que difundió en redes sociales, los cuales fueron cuestionados incluso como posible apología al delito. Gallego, por su parte, ha defendido su postura alegando que se trataba de analogías y que su intención era criticar políticas públicas y decisiones de los funcionarios involucrados.
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