En Rionegro, alza predial desplazaría a comunidades

Cerca de 120 dueños de predios de Fontibón, zona rural, recibieron aumentos de hasta 60 veces su tarifa.

Más de 290 personas residentes en Fontibón, de Rionegro, vieron incrementar exageradamente sus impuestos prediales, lo que los tiene con la intención de vender sus propiedades pues dicen que no pueden pagar los nuevos valores. FOTO Santiago mesa rico

En Rionegro, alza predial desplazaría a comunidades

De $200.704 a $13’998.328 se incrementó la tarifa del impuesto predial para Rafael Antonio Botero Franco, poblador de la zona rural de Fontibón, en el municipio de Rionegro, que vive junto a su esposa en un lote de su propiedad hace 10 años.

“Un aumento tan grande, de la noche a la mañana no es justo”, expresó con tristeza Botero Franco. Su caso se parece al de otros pobladores del sector, que vivían en la ruralidad y sus tierras pasaron a ser consideradas urbanizables, por lo que ahora son terrenos que adquieren más valor y deben pagar impuestos como tales.

“Pido que no suban tanto el valor. Sé que va a llegar un momento en el que se va a urbanizar todo esto, pero cómo voy a pagar yo un predio tan caro si ni siquiera tenemos alcantarillado”, lamentó Botero.

Noemí Garzón es otra afectada con la medida. Tiene 60 años y es nativa de la zona. Su esposo, de 62 años, heredó un predio de 8.000 m2 donde edificaron su casa, pero ahora piensan vender al no contar con los recursos suficientes para responder por el tributo.

“En 2018 pagamos $248.000 por el año 2019, y ahora nos llegó un reajuste de $11’132.000. Es como un arriendo de casi dos millones mensuales en lo que es propio”, lamentó Garzón.

Otro caso es el de Orlando Bustamante, que pagó $100.000 de impuesto por su lote de 2.500 m2. Sin embargo, “me llegó un cobro en marzo de $9’036.120. Además, mi lote que estaba avaluado en $35 millones ahora lo tasaron en $344”, comentó.

¿Por qué el aumento?

Andrés Julián Rendón Cardona, alcalde de Rionegro, explicó que el alza en los cobros responde a que muchos de los predios están en zonas de expansión urbana, es decir, lugares con potencial urbanístico que no se han desarrollado.

Cuando este escenario se presenta, la ley permite catalogar los terrenos como lotes de engorde: zonas quietas donde los dueños especulan esperando que el precio de su propiedad aumente con el tiempo para sacar rentabilidad de ello.

“Lo que hicimos en diciembre de 2017 fue gravarlos (los predios) a la máxima tarifa de predial que es de 33 x 1.000, y el año pasado subimos el valor catastral; porque no vale lo mismo una tierra catalogada como rural que otra urbanizable”, argumentó.

Frente a los afectados de Fontibón, el alcalde dijo ser consciente de que hay casos de personas que están siendo gravadas injustamente, los cuales se atenderán.

Cruce de versiones

Luis Gonzalo Martínez, titular de la Gerencia de Catastro Departamental, explica que han detectado una inconsistencia en el proceso que ha adelantado la alcaldía de Rionegro, ya que se les ha dicho a algunos ciudadanos que sus predios están ubicados en zonas de expansión urbana, lo cual, según la norma, sigue siendo zona rural.

“Para la reglamentación de catastro solo existen dos sectores: urbano y rural. Tributariamente les están cobrando como si fueran urbanos, como si tuvieran desarrollo de servicios públicos, etcétera, cuando eso debe hacerse de forma paulatina”, aclaró.

Según Martínez, un plan parcial de urbanización puede ser desarrollado, por ejemplo, a 5 o 6 años, a medida que van entrando las unidades inmobiliarias a los predios. “Aquí están midiendo con el mismo rasero a los constructores y a la población”, agregó.

Martínez resaltó que muchos de los pobladores han obtenido sus lotes por herencia y además son personas que no tienen el deseo de vender ni construir. “Entonces, de alguna forma quedan obligados a vender porque no tienen cómo pagar”, expuso.

Objeciones a la medida

El sector está habitado por cerca de 120 dueños de predios. La mayoría subsisten de actividades agrícolas no industrializadas, por lo que cuentan con un ingreso promedio de un salario mínimo.

“El alcalde habla de unos constructores que compraron la tierra muy barata y no quieren pagar como corresponde, pero la realidad es que esos desarrolladores son unos cuantos en comparación con las 297 personas afectadas en Fontibón”, dijo Juan Sebastián Castro, concejal de Rionegro por el Partido Liberal.

Para Castro, los pobladores no ven sus tierras como negocio. Además, asegura que allí no hay una dotación plena de servicios públicos, eso quiere decir que el perímetro sanitario no abarca esa zona, “y nunca el perímetro urbano puede estar por encima del perímetro sanitario”, especificó.