Entregar una identidad visible y legal, que abra las puertas de ingreso a la sociedad civil a aquellos desmovilizados de las Farc —y los que deje el proceso con el Eln— tras la firma del acuerdo final, es una de las tareas de gran magnitud que debe afrontar el Estado colombiano.
Entre las dificultades en la identificación de los reinsertados estará la de aquellos guerrilleros que ingresaron siendo menores de edad, y que bajo esa condición no cuentan ni con un registro de nacimiento. Así mismo, la falta de información de cuántos necesitan un documento y el costo que representa una cedulación masiva, una se vez llegue la reinserción.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional no cuenta aún con un plan especial para la cedulación de quienes dejen las armas y no tengan un documento de identidad.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, indicó que la expectativa para adelantar estas jornadas existe, pero no se dispone de un proyecto para la identificación y más aún, no se tiene la solicitud del Gobierno para esta diligencia.
No obstante, Galindo es enfático en que ante esta posible eventualidad hay una preparación para atender cualquier esquema extraordinario de identificación.
“Tenemos la infraestructura disponible y en todas nuestras oficinas de atención a la población vulnerable, que son móviles y se pueden desplazar a cualquier sitio del territorio nacional y operar vía satélite, se pueden realizar los procesos de identificación”, dice el Registrador.
Se desconocen los costos
El mismo funcionario reconoció a este diario que sin conocer la magnitud de la cedulación, los sitios a dónde se viajará, el transporte del personal y equipos, es aventurado precisar un dato sobre el costo que le generará la Estado entregar la cédula a los desmovilizados de la guerrilla.
Teniendo en cuenta que el número de combatientes de las Farc dado a conocer por la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía sería de 13.892 integrantes y colaboradores, de los cuales 6.382 son personas armadas repartidas en los frentes; y 7.510 serían miembros de las denominadas Redes de Apoyo al Terrorismo, fuentes de Inteligencia Militar indicaron que por lo menos, 5.000 necesitarían una identificación plena.
Con un costo base de 39.150 pesos por duplicado de cédula de ciudadanía, solo la cedulación le costaría al Estado cerca de 200 millones de pesos para los guerrilleros en armas, sin contar los que harían parte de los milicianos o las llamadas familias farianas.
“Para determinar quiénes son los integrantes de las Farc hay un problema de identificación, porque también se tienen que establecer las Redes de Apoyo, entre las cuales también hay personas entre la sociedad urbana”, dice el fiscal General (e) Jorge Perdomo.
Sinónimo de acogida
Un proceso de cedulación e identificación de subversivos sin documentos servirá de procedimiento de acogida a los que abandonen las armas y se reintegren a la vida civil.
El sociólogo y politólogo de la Universidad de Eafit, Adolfo Maya, considera que de hacerlo así, se crearían condiciones que favorecerán y posibilitarán una llegada de estas personas a la sociedad que no sea traumática.
“El papel de identidad será el momento de una resignificación grandísima. Que los desmovilizados tengan una tarjeta de identidad o una cédula se debe hacer en actos públicos, porque cuando se silencien los fusiles, la identidad debe ser una reafirmación de nuevos procesos”, argumenta.
Dicen los expertos que en la recta final del proceso de paz para recibir a los desmovilizados hay una carencia: el plan para darles una identidad que los acoja y los haga sentir como verdaderos ciudadanos colombianos.
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