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La lucha antidrogas pide cambio de estrategia

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FOTO Manuel saldarriaga

La lucha contra las drogas en Colombia sigue dejando pendientes. Primero, que se aborde el fenómeno con las comunidades y no simplemente desde un escritorio en Bogotá o las capitales de los departamentos, sino con quienes están alrededor de este flagelo.

Esta conclusión resulta del informe “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”, que publicará hoy El grupo de Acciones para el Cambio, integrado por 10 organizaciones del país, y que conoció EL COLOMBIANO.

El documento tiene una radiografía de lo que han sido las estrategias para enfrentar el fenómeno. “Durante las últimas décadas, la política de drogas ha priorizado la erradicación forzada de cultivos ilícitos, la reducción del consumo de drogas y el enfoque punitivo, en detrimento de estrategias de desarrollo alternativo, reducción de riesgos y daños y de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Cuentas pendientes

Una cifra que permite dimensionar el fenómeno tiene que ver con que en el país, durante 2018, fueron erradicadas 80.571 hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, hay una resiembra del 35 %, es decir, en ese lapso volvieron a cultivarse 28.199 hectáreas.

Asimismo, sostiene el informe, que Colombia al pasar de ser productor a convertirse en consumidor también requiere esfuerzos en prevención y cambio de estrategia.

“El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”.

Otro panorama es el que revelan las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según este, en 2015 había más de 1,4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis, sin embargo, “la oferta de servicios en salud para la atención de consumos problemáticos es prácticamente inexistente en el 95 % de los municipios” (ver infografía).

¿Qué hacer?

Paula Aguirre Ospina, abogada y coordinadora de la sede en Colombia de Elementa, Consultoría en Derechos, que también hizo parte de la elaboración del informe, señala que tras 10 años del plan de acción de la lucha contra las drogas, firmado en marzo de 2009, Colombia vive un retroceso.

“No se han logrado las metas. Nos damos cuenta que las políticas se enfocan en la represión y en un montón de políticas que han dejado de lado el enfoque de salud pública y de derechos humanos a la hora de implementar las políticas en este sentido”.

Otro asunto es la criminalización del consumo. Por ejemplo, Isabel Pereira Arana, coordinadora de la línea de drogas de Dejusticia, sostiene que el actual gobierno del presidente Iván Duque ha hecho públicas dos acciones en este sentido.

La primera tiene que ver con el decreto de dosis mínima, que permite a la Policía la retención de marihuana y sancionar al consumidor. “No es una medida técnica, ya que las disposiciones del decreto están en el Código de Policía y lo que se buscó fue ganar réditos políticos”, asegura.

El segundo punto tiene que ver con la Ruta Futuro, que es la política de lucha contra las drogas presentada por el Ministerio de Justicia en diciembre pasado que, para Pereira Arana, es contradictoria. “Tiene elementos muy buenos, como rescatar el hecho de que el consumo es un asunto de salud pública, que no debe ser enfrentado con policía y criminalización, pero es contrario al decreto de dosis mínima, que es sancionatorio”.

¿Y el gobierno?

Ante esto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha señalado que, en el caso de la dosis mínima, “si esa persona demuestra que es adicta y que tiene una prescripción médica, no se le retendrá”.

En su momento dijo que “vamos a tratar de regular el consentimiento para conducir a esa persona a los planes de salud y educación para que supere la dependencia”, tal cual lo indican las políticas públicas. Por otra parte, la Ruta Futuro del Minjusticia se diseñó sobre cuatro puntos: primero, reducir el consumo; segundo, reducir la disponibilidad de drogas; tercero, desarticular organizaciones y afectar las economías criminales, y cuarto, ampliar la cobertura en programas basados en la experiencia y la evidencia y fortalecer las campañas en centros educativos y de prevención en medios masivos.

Pese a esto, en el documento de esta política se puede leer que las estrategias para reducir los cultivos ilícitos van encaminadas en la “intervención de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad, reactivar el programa de aspersión aérea, erradicación forzosa, erradicación manual voluntaria, sustitución de cultivos y aplicar investigación para la reducción de cultivos ilícitos y disponibilidad de drogas”.

La abogada Aguirre Ospina, destaca que, sin ánimo de entrar a comparar los gobierno Duque y Santos, el actual “ha sido un gobierno represivo, con un enfoque que ha dejado de lado las estrategias de desarrollo alternativo, la garantía de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Tambien es claro que durante el Gobierno Santos las hectareas cultivadas con hoja de coca se multiplicaron al pasar de 62.000 al finalizar el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2010), a 209.000 en 2018, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU

De cara a esta Ruta Futuro, el investigador en política de drogas Ricardo Vargas, destaca que “hay incoherencia entre los enunciados conceptuales de la política y las decisiones sobre drogas”, pues señala que “por un lado se reconoce un enfoque de salud pública, y de otro, las decisiones en materia de incautación de dosis personal vulneran derechos de usuarios a quienes la Corte Constitucional reconoce garantías frente al libre desarrollo de la personalidad”, tal cual lo plantea el informe de las 10 organizaciones.

en definitiva

No es la primera vez que se dice que la lucha contra las drogas se está perdiendo. Por esto, las organizaciones que realizaron este informe, le piden al Gobierno un viraje en las acciones que tome.

Contexto de la Noticia

Paréntesis apuestas desde el minsalud

En un informe que publico este diario hace una semana, sobre la Política integral contra el consumo de sustancias ilícitas, el Viceministerio de Salud Pública señaló que “la información de los estudios nacionales y la evidencia internacional es clara en señalar la importancia de construir políticas nacionales y respuestas programáticas integrales e intersectoriales con visión de largo plazo, que contemplen la evaluación de los impactos y resultados en salud en los distintos momentos de la vida, que sean sostenibles con recursos financieros y humanos suficientes, recurrentes y pertinentes que privilegien la acción local, priorizando el reconocimiento de las particularidades de poblaciones y territorios”.

radiografía glifosato, retorno polémico

El uso del glifosato –considerado como agente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud– volvió a escena. Ante esto, el informe señala que esta política en el país “implicó daños a la salud para mujeres gestantes” y que, de acuerdo con los cálculos disponibles, “las acciones de fumigación implican un aumento de 2,9 % en la tasa de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro, y en el caso de los municipios que tienen más altos niveles de fumigación aérea, la tasa de abortos sube a 8,7 %”. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, ha dicho que “su uso bajo condiciones estandarizadas –con drones, a una altura de un metro máximo por encima de la mata– no debe generar un riesgo de salud pública distinto aquel que podemos mitigar sobre el operador”.

Richard Aguirre Fernández

Periodista nacido en Calarcá. Camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.

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