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La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría presentaron este lunes el noveno informe de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras y el décimo a los decretos étnicos.
Las entidades alertaron que se requiere un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno para ejecutar las medidas contempladas en la ley de víctimas y los decretos étnicos, así como realizar los ajustes institucionales y normativos para brindar una atención y reparación a las víctimas y a los pueblos étnicos.
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“Los recursos ejecutados entre 2002 y 2021 por 146 billones y los programados en el Conpes 4031 de 2021 por 142 billones resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de nueve billones de víctimas. La Contraloría estimó que se requerirán recursos por más de 301 billones para cumplirle a todas las víctimas”, dijo durante la presentación de los informes la vicecontralora general, Lina Maria Aldana.
En este sentido, Aldana dijo que existe oferta insuficiente para acceder a una vivienda adecuada para las víctimas de desplazamiento: “A 2020 el indicador del goce efectivo de este derecho fue insuficiente con un 20% para un universo de más de dos millones de hogares urbanos y un 15% para los hogares urbanos”.
La vicecontralora aseguró, además, que encontraron una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento, y que es necesario implementar una política de generación de ingresos y empleabilidad. “Más de cuatro millones de víctimas están en situación de pobreza. En 2021 registraron una tasa de pobreza monetaria y extrema superior a la tasa nacional”, precisó.
Sobre los decretos leyes étnicos, Aldana dijo que es necesario ajustar el Conpes, porque este no incluye el total de las medidas y el universo que necesita ser atendido. “Para la implementación de las cuatro medidas en la reparación de los pueblos étnicos se requerirían 3.4 billones de pesos. Este es un llamado al Gobierno para que realice un costeo de los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos étnicos”, dijo la vicecontralora general.
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Otros puntos del informe
El informe reconoció avances en lo relacionado con el enfoque de género, en particular en la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado. Sin embargo, identificaron barreras en esta materia, pues las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género.
En materia de acceso a la salud, el informe señala que 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4.528.287, han recibido atención psicosocial, y enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Así mismo, el informe reconoce los esfuerzos para retomar el funcionamiento presencial de los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). Sin embargo, se hace un llamado a las autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos.