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Aunque había un contrato para 92 familias desde 2015, no
es claro si estaban incluidas las que resultaron afectadas.
Las lluvias que cayeron en Rosas, Cauca, el domingo pasado, y que hasta el momento dejan 28 muertos, también pusieron en evidencia que este municipio había sido priorizado para reubicar a 92 familias, en un contrato de $4.500 millones, que se firmó en 2015 por el Fondo Adaptación, pero que, hasta el momento, no se ha cumplido.
Hay que recordar que este proyecto se estructuró como una respuesta a las emergencias del Fenómeno de La Niña de 2010-2011, el cual dejó 869.032 personas damnificadas en el país, incluyendo 57.952 mil damnificados en Cauca, según el Dane.
Sin embargo, esas 92 casas no se hicieron porque el contratista, la Compañía de construcción y diseño (Codiseño Ltda) de Cali (Valle), abandonó la obra, según le confirmó el Fondo Adaptación a EL COLOMBIANO.
Julián Prado, director de Socorro de la Cruz Roja en el Cauca, señaló que el lugar de la emergencia “es una zona húmeda, más vulnerable con las lluvias” del domingo.
Ahora, la duda que sale a la luz es si la emergencia de este fin de semana pudo evitarse o sus efectos pudieron ser menores, conociendo que había un contrato para reubicar a estas familias. El Fondo aclara que, por ahora, es imposible determinar si existe una coincidencia.
“Lo único que puedo precisar es que son 92 familias las que se debían reubicar, pero debemos esperar que la Alcaldía y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) nos entreguen la lista de las familias víctimas de las lluvias de este fin de semana para que, de esta manera, podamos cruzar la información y decir con certeza si estaban o no dentro de las familias que serían beneficiadas”, aclaró Édgar Ortiz, gerente del Fondo Adaptación, en diálogo con este diario. Sin embargo, esta duda tomó más impulso en la mañana de ayer, sobre todo porque, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que “si se hubieran reubicado (las familias), la tragedia, quizá, pudo ser menor”.
El contrato se firmó en octubre de 2015 y las viviendas debieron estar listas un año después, pero no se cumplió y estas no han sido entregadas.
Según el informe de la Interventoría, a cargo de GNG Ingeniería, el avance de las obras solo llegó al 20 %, representado en trabajos de estabilización y construcción de algunos muros, según el Fondo.
Ante esto, Ortiz agregó que hubo otras tres prórrogas más para concluir el proyecto y el último plazo pactó que las casas se entregaran en agosto del año pasado. “El 17 de octubre de 2018, nos encontramos con este proyecto estaba vencido”.
Por otra parte, el gerente del Fondo explicó que “desde ese momento arranca nuestra gestión, que se ve traducida en sentar el interventor, que básicamente nos dice que el contratista lo abandonó y se le pide que ponga por escrito su informe para iniciar la acción de incumplimiento”.
El Fondo resaltó que las tareas se concentrarán en iniciar una acción de cumplimiento, para que los recursos de ese proyecto regresen al Estado y reiniciar el proceso.
“El 24 de abril –mañana–, debe venir el contratista, con la aseguradora, para que presenten en la mesa cuáles son las alternativas y busquemos una solución que le permita al Fondo Adaptación retomar la obra, recontratarla y poder entregarlas”.
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda iniciará un nuevo proceso para construir 55 viviendas y reubicar igual número de familias, según Malagón, quien explicó que “el gran desafío es que estamos en una zona de alto riesgo”, aunque el gobierno, desde el domingo, “destinó $3.100 millones para la construcción de 40 viviendas urbanas y 15 rurales”.