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El balance de la Contraloría en el año de la pandemia
Ente de control en Antioquia reveló resultados de 2020. Voces críticas cuestionan desempeño de la institución.
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Elsa Yazmín González, contralora de Antioquia . FOTO Cortesía
Tras cumplirse un año de la declaratoria de la crisis sanitaria, la Contraloría General de Antioquia hizo un balance de su último año de gestión. Luego de empezar un 2020 lleno de problemas por resolver, y aún sintiendo los efectos de una de las crisis reputacionales más graves de su historia por la judicialización y posterior renuncia del contralor Sergio Zuluaga Peña (2019), el órgano realizó un corte de cuentas.
De acuerdo con el último informe de gestión, durante el año pasado, el ente revisó 125.678 contratos, por un valor aproximado de $7,2 billones. Con una suma de 367 auditorías realizadas, casi una por cada día del año, la institución reportó un total de 571 hallazgos fiscales, por un valor de $53.751 millones.
Aunque para el organismo estos indicadores apuntan a que se mejoró la eficiencia de los procesos, para varias voces críticas la entidad no estuvo a la altura de los retos que trajo la emergencia sanitaria.
Elsa Yazmín González Vega, contralora de Antioquia, planteó que tras su llegada a la entidad, el 31 de enero de 2020, la desconfianza ciudadana y las debilidades logísticas a la hora de ejercer el control fiscal fueron los principales problemas identificados.
“Encontramos una entidad con grandes debilidades, especialmente en su estructura tecnológica, por la obsolescencia del hardware y los servidores, la congestión de la oficina de responsabilidad fiscal y la pérdida de confianza y legitimación en la ciudadanía”, expresó González Vega, agregando que durante el último año se emprendió una serie de cambios administrativos, tecnológicos y financieros.
Los retos de 2020
Durante el proceso de elección del reemplazo de Zuluaga, que inició formalmente el 23 de agosto de 2019 y culminó el 30 de enero, recuperar la legitimidad y reputación de la Contraloría se proyectó como una de las principales prioridades.
Así mismo, la resolución de varios problemas de fondo, como el escaso personal del organismo (316 servidores para vigilar a 468 sujetos de control en 2019), un rezago tecnológico en los equipos y programas de la entidad, entre otros, hacían parte del panorama.
Un mes después de que la Asamblea de Antioquia escogiera a González para el cargo, la llegada de la crisis sanitaria le sumó una carga adicional a la institución.
Cuando el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, el 12 de marzo de 2020, a los rezagos acumulados se sumó el reto inédito de vigilar las contrataciones directas que los 121 municipios de su jurisdicción empezaron a celebrar en el marco de esa declaratoria.
Para explicar la forma cómo la Contraloría se enfrentó a ese contexto, González detalló que se emprendieron varias acciones paralelas. Por un lado se inició un proceso de reformas internas para resolver los problemas estructurales de la institución y por otro se formuló una estrategia de emergencia para atender la pandemia.
En ese segundo componente, la funcionaria resaltó que se efectuó una vigilancia en las nueve subregiones y se dispuso de dos grupos para atender las denuncias ciudadanas.
De acuerdo con el informe de gestión de 2020, el resultado de esa vigilancia se tradujo en la realización de 61 auditorías relámpago, que revisaron un total de 307 contratos, por un valor de $75.603 millones.
Por otro lado, agregó González, la institución continuó con las auditorías regulares, en las que se documentaron las denuncias e inconsistencias del último año de gestión de varios municipios.
En el caso de la vigencia 2019, la funcionaria resaltó que tras recibir denuncias de las administraciones que iniciaron sus periodos, “relacionadas con malos manejos por parte de las Administraciones anteriores”, fueron tres los hallazgos más grandes.
En Turbo, subregión del Urabá antioqueño, el equipo auditor encontró un presunto detrimento patrimonial de $1.667 millones.
En Liborina, subregión del Occidente, los posibles detrimentos fueron de $365 millones. Y en Hispania, subregión del Suroeste, los hallazgos calculados ascendieron a cerca de $1.171 millones.
“Hemos realizado grandes esfuerzos para actualizar los procesos que permiten mejorar la gestión institucional. El próximo contralor tendrá las bases suficientes para seguir trabajando con integridad y compromiso”, dijo González.
La desconfianza persiste
Aunque durante la presentación del último informe de gestión, González Vega argumentó que se vendría enmendando el rumbo, varios diputados cuestionaron la gestión de la entidad.
Luis Eduardo Peláez Jaramillo, diputado del movimiento Dignidad, planteó que la relación entre la cantidad de denuncias ciudadanas y los fallos de responsabilidad fiscal emitidos no serían proporcionales.
Por ejemplo, según señaló, el hecho de que el valor de esos hallazgos ascendiera a $878 millones, mientras se investigaban denuncias por $3.361 millones, daría cuenta de la ineficiencia de la institución.
“La plata se sabe que se desaparece, los ciudadanos valientemente hacen las denuncias, pero la Contraloría las archiva por diferentes motivos”, expresó Peláez, agregando que la crisis de confianza iniciada en el periodo del excontralor Zuluaga se mantiene.
José Luis Noreña, diputado del Centro Democrático, acusó por su parte a la entidad de mantener varios procesos estancados.
Desde el punto de vista financiero, otro componente que salió a flote en la Asamblea fue la reducción del presupuesto que sufrirá la entidad. Tras la escisión de la Fábrica de Licores de Antioquia de la Secretaría de Hacienda, esa dependencia proyectó el año pasado un recorte de $11.550 millones entre 2021 y 2023.
Frente a los fallos de responsabilidad fiscal, la contralora argumentó que, en el marco de la pandemia, el órgano suspendió los términos para ese tipo de procesos, lo que explicaría el bajo número de fallos.
Así mismo, desde el punto de vista presupuestal, aseguró que durante la vigencia 2021 estaría garantizado “el alcance y la cobertura necesarias” para continuar vigilando a los 121 municipios y 349 entidades descentralizadas que hacen parte de su jurisdicción.
Al margen de estas controversias, recuperar la confianza ciudadana y afrontar lo que queda de la crisis sanitaria, se proyectan como las tareas más importantes para el organismo.
Una crisis de confianza
Para entender la crisis reputacional a la que se refiere González hay que remontarse a los últimos meses de 2019, cuando en medio de un cerco de investigaciones y procesos de varios organismos, el entonces contralor Sergio Zuluaga Peña presentó su renuncia al cargo.
Cabe recordar que en 2017, la Fiscalía General de la Nación había capturado a Zuluaga tras someterse a una cirugía plástica en un hospital público, acusándolo de pagar un precio inferior al del mercado. En 2018, la Procuraduría General de la Nación lo encontró responsable de falsificar información en su hoja de vida, en donde había asegurado haber obtenido un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Y en 2019, tras permanecer 10 meses suspendido de su cargo y reintegrarse el 5 de junio, la Fiscalía ordenó una nueva captura en su contra, esta vez señalándolo de participar en una red de corrupción que se dedicaría a manipular investigaciones y procesos a cambio de sobornos.
En el marco de este último proceso, en el que le fueron imputados los delitos de cohecho, concierto para delinquir y prevaricato, Zuluaga fue dejado en libertad por vencimiento de términos el pasado 23 de marzo
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