La comisión de acusaciones de la Cámara estaba desahuciada, pero la Corte Constitucional le dio ayer el soplo de la vida al declarar inexequible el tribunal de aforados, que sería su reemplazo y se había definido en la ley del equilibrio de poderes que aprobó el Congreso hace un año exacto.
De esta manera, el Acto Legislativo 02 de 2015 sufre su segundo revés. A principios del mes pasado la Corte también hundió el Consejo de Gobierno Judicial, que se encargaría de la labor administrativa de la rama judicial, por lo que revivió la sala administrativa de la Judicatura.
La comisión de aforados sería la competente para investigar y acusar a los magistrados y al fiscal general. Cuando se trataba de asuntos disciplinarios investigaba y presentaba la acusación a la Cámara, pero si eran delitos, ante la Corte Suprema.
Los cinco miembros del tribunal serían elegidos por el Congreso para periodos de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas por convocatoria pública. Los anteriores eran los platos fuertes de la reforma, aunque quedó vigente la prohibición a la reelección presidencial y la restricción a la puerta giratoria entre los magistrados. ¿Fue desmembrada la reforma?
Según Luisa Fernanda García, doctora en Derecho de la Universidad de Montpellier (Francia) e investigadora de la Universidad del Rosario, lo que se pretendió con la comisión de aforados fue acabar con una instancia que carece de eficacia y operancia, como la comisión de acusaciones, pero tampoco era una reforma profunda porque no tenía mayores competencias.
“Hubiera sido un apéndice de la Cámara, pues no tenía funciones de investigación o juzgamiento para altos funcionarios. Sus decisiones requerían del aval de la Cámara. Sugería un órgano judicial que no se cumple en este caso. No tenía el carácter judicial y la imparcialidad requerida para juzgar altos funcionarios. Su decisiones seguirían politizadas”, agregó García.
Rodolfo Arango, doctor en Derecho de la Universidad de Kiel (Alemania) e investigador de la Universidad de los Andes, dijo que la decisión de la Corte fue sorpresiva, porque se esperaba que el tribunal devolviera esa iniciativa al Congreso para que le hicieran los ajustes necesarios a los vicios de forma, en vista de la fuerte crítica que le hizo el Legislativo cuando tumbó el Consejo de Gobierno Judicial.
“La Corte le quita una vértebra a la reforma del equilibrio de poderes. Igual era una entidad que muy rápido, por nuestros vicios, se iba a politizar y no iba a tener la efectividad que tampoco ha tenido la comisión de acusaciones. No era la mejor solución. Había otras posibles y menos traumáticas desde el derecho comparado”, señaló Arango.
La decisión de la Corte también se fundamentó en razones de fondo, pues consideró que se modificaba la Constitución de manera indebida.
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