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El ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva, firmó un documento con el que incluye a Colombia en el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización para las Naciones Unidas, ONU.
El hecho representa un hito para el país porque abre la puerta para que víctimas cuyos parientes hayan sido declarados como desaparecidos presentan denuncias y sean ayudados a buscar con más rapidez y a presionar a los órganos del Estado para cumplir esa tarea.
Así las cosas, cualquier colombiano que haya denunciado desaparición forzada podrá presentar quejas ante la ONU por falta de avances en la investigación o por investigaciones sesgadas. Incluso, los ciudadanos podrán demandar al Estado en los casos en los que logren demostrar que no ha cumplido con esa obligación de buscar a las personas desaparecidas.
De igual modo, el país podrá denunciar, y ser denunciado, por los demás países pertenencientes al Comité. Entre ellos, se encuentran los países latinoamericanos Nicaragua y El Salvador. Además, también hacen parte naciones como Estados Unidos, Surinam y Canadá.
Según detalla la ONU en su página oficial, el Comité proporciona a los estados miembros “recomendaciones específicas sobre las medidas a tomar para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición, y sobre la situación de las víctimas”.
Lo que significa que los colombianos podrán solicitar medidas urgentes y prioritarias que vayan encaminadas a proteger, buscar o localizar a las personas dadas por desaparecidas.
En Colombia el Registro Único de la Unidad de Víctimas contabiliza 5.704 víctimas directas de desaparición forzada y 139.035 indirectas. De ese total, 10,3% son mujeres y 19,4% son mayores de 60 años.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad tiene otro registro. Según la entidad, 121.768 personas fueron desaparecidas forzosamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016.
Dentro de los principales responsables están los grupos paramilitares, con 63.029 víctimas equivalentes al 52%; la guerrilla de las Farc-Ep, con 29.410 víctimas (24%), y agentes del Estado, con 9.359 víctimas (8%).