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En la guerra contra el Clan del Golfo, el cartel criminal más poderoso de la última década, 71 uniformados han perdido la vida. Si no fuera por su sacrificio, los tentáculos de la organización habrían alcanzado dimensiones incontrolables.
El combate es impulsado desde Agamenón, la operación más grande de la historia colombiana contra el crimen organizado –según la Policía-, que cumplió tres años desde su lanzamiento (2 de febrero de 2015).
Su objetivo es desmantelar a una estructura narcoparamilitar, con cerca de 3.000 militantes, redes en 20 departamentos y en América, Europa y Asia. Todavía es, junto a la guerrilla del Eln, la principal amenaza para la seguridad nacional.
Para enfrentar el desafío, Agamenón fusiona los esfuerzos de la Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía, con apoyo de agencias internacionales como la DEA, CIA y Europol. Según un consolidado oficial, la operación ha producido 1.863 capturas (1.476 del Clan) en todo el país, la incautación de 79.9 toneladas de cocaína y la ocupación de 789 bienes valorados en $608.146 millones.
“Lo mejor de Agamenón es la contundencia con que ha llegado a los cabecillas, capturándolos o neutralizándolos; que produjo las mayores incautaciones de cocaína de la historia reciente; las extinciones de dominio; y la articulación entre todas las fuerzas”, opina el general Carlos Rodríguez, comandante de la Región N°6 de Policía.
En las acciones murieron 84 integrantes del cartel, incluyendo a cabecillas de alto nivel, como “Gavilán”, “Guagua” e “Inglaterra”. Pero en la confrontación también han caído miembros de la Fuerza Pública. Y no son pocos.
Un análisis de EL COLOMBIANO, basado en informes de la Policía, Fiscalía y archivos de prensa, documentó 71 casos de uniformados muertos en distintas circunstancias relacionadas con la lucha contra la facción. El listado completo está disponible en nuestra página de internet.
De acuerdo con la investigación, 67 fallecidos eran policías y cuatro militares. Teniendo en cuenta la duración de Agamenón, cada 15 días en promedio ha muerto un servidor público.
Antioquia, con 44 casos, es el departamento con más bajas; le siguen Córdoba (11) y Chocó (6). Los tres conforman el eje central de acción del Clan del Golfo.
Entre los policías, 18 perecieron en desarrollo de la operación en el terreno, 17 más en la caída de un helicóptero Black Hawk y 32 fueron asesinados en el marco de los planes pistola ordenados por los jefes de la organización.
Las retaliaciones del Clan son permanentes, sin embargo, hay tres periodos en los que los ataques se recrudecieron.
El 22 de marzo de 2016 fue dado de baja Jairo Durango (“Guagua”), en Medio Baudó, Chocó. Integraba el estado mayor del grupo y era el coordinador de sus negocios en la Costa Pacífica. La venganza no se hizo esperar: desde el día siguiente, hasta el 1 de abril de ese año, mataron seis policías y dos militares, hubo múltiples atentados y un paro armado de 48 horas.
El segundo evento se derivó de un allanamiento a una finca de Necoclí (Antioquia), el 14 de noviembre de 2016, donde pernoctaba otro miembro del estado mayor: Aristides Meza (“el Indio”), quien logró escapar. Murió un escolta, hubo cuatro detenidos, incautación de información valiosa y desmantelamiento de una central ilegal de comunicaciones. La revancha se prolongó hasta el 29 de noviembre, dejando seis policías muertos.
El tercer episodio produjo 10 homicidios de policías, entre el 2 y 29 de mayo de 2017. Fue por la muerte de Uldar Cardona (“Pablito”) y tres escoltas que lo acompañaban en la fiesta de cumpleaños de su niño en Arboletes, Antioquia, cuando los comandos irrumpieron en la finca el 2 de mayo.
“Es el sacrificio que estamos dispuestos a dar, desde que nos ponemos el uniforme, para lograr la paz de los colombianos”, dice el general Rodríguez, en cuya jurisdicción (Antioquia, Chocó y Córdoba) han llorado más veces a los caídos.
El pasado septiembre la Casa de Nariño informó que había acercamientos con el Clan para pactar un acuerdo de sometimiento a la justicia. El hecho fue confirmado en video por Dairo Úsuga (“Otoniel”), el líder de la agrupación, quien ordenó a sus hombres un cese el fuego unilateral por la temporada decembrina.
“La contundencia de Agamenón los ha acorralado, al punto de pedir al Gobierno que les permita negociar y someterse. Como lo ha indicado la Policía, están desmoralizados y sin plata para pagar todas sus nóminas”, señala Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.
El proyecto de ley que presentó el MinJusticia para reglamentar el sometimiento de grupos armados ilegales, se estancó en el Congreso. Fuentes cercanas a la situación aseveran que podría revivir mediante decretos presidenciales.
Mientras las autoridades definen qué tratamiento jurídico le darán al grupo, Agamenón seguirá activa. En palabras del general Rodríguez, estará buscando lo único que le ha faltado desde que se creó: poner a “Otoniel” tras las rejas.