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Solo tres farmacias y dos puntos de venta de chance abrieron sus puertas ayer en Tarazá. Una estela de banderas y bombas blancas enmarcaron la troncal a la Costa, desde el corregimiento El Doce hasta el casco urbano del municipio. Ni siquiera los equipos de sonido, que en esta zona de Antioquia son casi tan importantes como el agua, se encendieron.
Desde la 1:30 p.m. los campesinos del sector El Ocho salieron de sus casas y recorrieron más de cuatro kilómetros para encontrarse con sus vecinos de El Doce.
Decenas de motos y camionetas provenientes del corregimiento Barro Blanco y del propio casco urbano se les unieron y al final en un gran río blanco, todos caminaron por la vía exigiendo paz y que los ilegales los saquen de su confrontación armada.
Alexander Barrera, propietario de un taller de motos, contó que el comercio en el corregimiento El Doce está cerrado desde el pasado viernes. “Nos da temor abrir porque en cualquier momento alguien pasa disparando. Estamos perdiendo mucho dinero, pero estamos conservando la vida y eso es más importante”, dijo.
Roberto Arenas, líder de la marcha, aseguró que la protesta y el cierre del comercio es, por ahora, indefinido. “Nuestra única petición es que nos saquen del conflicto. En años anteriores hemos sido testigos de la guerra, pero ahora estamos en la mitad y están matando a la gente que no tiene nada que ver”, dijo.
En la peluquería Diana, en El Doce, quedaron las marcas de las balas que el jueves acabaron con la vida de Diana Marcela Gutiérrez Torres, de 35 años de edad y madre de tres hijos.
Según testigos del ataque, esa fue una tarde de terror. Cerca de las 3:00 p.m. hombres armados, al parecer pertenecientes a la banda de “los Caparros” llegaron en moto desde el casco urbano de Tarazá. Primero dispararon contra un taller mecánico e hirieron a dos personas. El sonido de esas balas hizo que Diana saliera a la puerta en busca de uno de sus hijos y, en el esfuerzo por protegerlo, recibió dos impactos que le costaron la vida.
Los delincuentes siguieron su caravana de terror. Según los vecinos, a 60 metros lanzaron una granada contra un establecimiento de bebidas y 80 metros más adelante dispararon contra un hombre cuya identidad no fue confirmada.
A su regreso, los hombres armados terminaron de agotar el arsenal que llevaban, disparando contra las casas. Helena*, una mujer que vive con sus cinco hijos a escasos dos metros de la troncal, recuerda que sintió el sonido de los disparos y corrió para proteger a la niña de siete años que jugaba en el corredor.
Las balas aún están incrustadas en la pared. La pequeña, en medio de su inocencia, solo atinó a decir que ese día “vinieron unos muchachos con mala puntería”.
En el parque de Tarazá, rodeados de locales comerciales cerrados, seis hombres comentaban ayer la difícil situación. Ninguno de ellos quiso revelar su identidad, argumentando que “aquí el que habla amanece flotando en el río”, pero todos coincidieron en que hay una orden de los ilegales de no ir a Tarazá desde los corregimientos y viceversa.
Gladys Rebeca Miguel, alcaldesa local, dijo que esa hipótesis está siendo investigada por las autoridades. “La gente dice que tiene miedo y por eso todo el municipio se paró. Mañana (hoy) vuelve el comercio al casco urbano, pero en los corregimientos la protesta se mantiene.
Según datos de la Alcaldía, en lo corrido del año se han presentado dos desplazamientos masivos (500 personas en total) y 18 homicidios. Las cifras son bajas respecto a 2018 cuando para esta época iban más de 1.200 desplazados y 56 homicidios.
El coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, afirmó que en el Bajo Cauca antioqueño hay una confrontación entre “Caparros”, “Clan del Golfo”, disidencias de los frentes 36 y 18 de las Farc y el Eln. “Es una zona atravesada por vías principales, con salida al Urabá y al Caribe, dónde hay yacimientos mineros ilegales y cultivos de coca. La pelea es por el control territorial y las rentas ilícitas”, dijo.
La situación llegó a deteriorarse tanto que en 2018 la región cerró con un alza del 200 % en los homicidios y por eso el Gobierno Nacional creó la Fuerza de Tarea Aquiles, integrada por 1.200 hombres de la Policía y 4.200 integrantes de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) que tienen la misión de “recuperar el control de la zona y frenar los homicidios”.
A la fecha, reconoció el general Ramírez, se logró una reducción de 65 % en los indicadores de violencia, especialmente homicidio y solo el Ejército ha erradicado más de 3.000 hectáreas de coca en cuatro meses, con un valor comercial estimado en $22.000 millones.
En estos cuatro meses de operación han tenido lugar 10 enfrentamientos armados entre ilegales y fuerza pública .