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Un juzgado envió a la cárcel a dos funcionarios del CTI Seccional Medellín señalados por la Fiscalía de ser presuntos responsables de tentativa de extorsión agravada.
La decisión fue tomada por el Juzgado 7 Penal Municipal de la capital antioqueña con función de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Gabriel León Ortiz, alias “Viejo” o “Fiscal”, y a Luis Javier Gracia Acevedo, alias “Gordo”, como presuntos responsables de tentativa de extorsión agravada.
EL COLOMBIANO conoció este caso con antelación a la divulgación del mismo por parte de la Fiscalía y reveló, el pasado 19 de noviembre, detalles de cómo operaban los implicados.
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Según la investigación, “en octubre de este año, un comerciante del centro de Medellín y uno de los candidatos a la Alcaldía del municipio de Bello (Antioquia) habrían sido abordados por los servidores públicos, quienes les exigieron millonarias sumas de dinero a cambio de no vincularlos a supuestos procesos penales. Se estableció que al comerciante le exigieron 500 millones de pesos, suma que no fue pagada”, reveló la Fiscalía.
Con la misma decisión fueron cobijados el patrullero de la Policía Nacional en el municipio de Girardota (Antioquia) Luis Fernando García Acevedo y su compañero Yamid Andrés López Lezcano, adscrito a la misma estación policial.
También fue asegurado en centro carcelario el expolicía Samir Alexis Celis Uribe y el particular Jhisser Guillermo Sandoria Maturana.
El ente acusador, que pidió la medida de aseguramiento para los investigados, precisó que, según las denuncias de las víctimas, “los falsos expedientes judiciales tenían logos institucionales de la Fiscalía y la Policía Nacional, y contenían fotos y otros supuestos elementos materiales probatorios”.
Todo parecía tan real que “a uno de los extorsionados lo habrían conducido hasta una de las sedes de la Fiscalía, donde uno de los investigadores del CTI se hizo pasar como fiscal, para presionar el pago del dinero”, detalló la Fiscalía.
Celis Uribe, retirado de la Policía Nacional en abril de este año, tiene otras denuncias por conductas delictivas similares presuntamente cometidas en diversas regiones del país.
Los procesados, que fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula Militar, con apoyo del Ejército, no aceptaron los cargos.
La defensa de los detenidos apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Medellín.