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A los 60 días de suspensión del contrato para la construcción del túnel del Toyo, acordados por la Gobernación de Antioquia, contratista, interventor y la Nación, se le sumarían dos semanas más.
Tras las mesas de trabajo para estudiar las supuestas ilegalidades advertidas por la Administración Departamental y la Contraloría Departamental, y a tres días de la decisión final del gobernador Luis Pérez, sobre sí continúa o no con el proyecto, el mismo mandatario solicitó al contratista e interventor de la obra prolongar la revisión del contrato por 15 días más.
La suspensión del contrato fue establecida el pasado 16 de marzo y en un acta firmada por el secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero Zapata y el representante del consorcio Antioquia al Mar — contratista de la obra — Germán Alberto Ángel Toro.
En el acta de suspensión se justifica la determinación de cesar trabajos temporalmente para buscar alternativas durante la realización de diseños a fase tres, que procuren que el presupuesto definitivo de la obra, según diseños definitivos, no exceda las sumas aprobadas, tanto por la Asamblea Departamental de Antioquia (...) y el Concejo de Medellín”.
Según, José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el constructor está estudiando la petición del gobernador Pérez. Sin embargo, no ha tomado una determinación.
El directivo, en días pasado instó a la Gobernación a reactivar el contrato pues, aseguró, que el contratista tiene afectaciones, tanto en maquinaria como en sus equipos de trabajo.
Así mismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el contrato para el proyecto era legal y, tanto la Agencia Nacional de Infraestructura como Invías dieron validez al proceso.
No obstante, las voces de aprobación, el equipo técnico de la Gobernación encargado de revisar el contrato, dijo que se carecía de licencia ambiental e hizo reparos a la adjudicación de la gerencia técnica, por lo que detuvo el primer desembolso de recursos.
Para ayer se esperaba un pronunciamiento de la Procuraduría, también parte de las mesas de trabajo, sobre el estudio del contrato y si hubo irregularidad o no.
Entre tanto, este jueves habría una respuesta del contratista e interventor sobre si acogen la solicitud del gobernador Pérez de prolongar la suspensión del proceso.