En estos días de expresiones negacionistas promovidas por poderosas figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal, el anuncio de la JEP es esclarecedor. La Justicia Especial para la Paz anunció este martes 9 de diciembre la determinación de renombrar el Caso 06 como 'Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’. De esta manera, según explicó el alto tribunal, la denominación del caso se apega más a los hallazgos del patrón macrocriminal de estigmatización amplia, sistemática y pública contra miembros del partido al catalogarlo como supuesto “brazo político de las Farc-EP”.
Según detalló la JEP, el renombre del Caso se debe a que las investigaciones adelantadas a profundidad, que incluyeron el hallazgo y análisis de documentos inéditos, permitió concluir que la denominación “exterminio” se quedaba corta, pues abarcaba solo la superficie del crimen, es decir, la aniquilación física de personas. Sin embargo, esa aniquilación tuvo un objetivo inocultable y claro de que extinguir, acabar con un proyecto colectivo social y político que tenía profundo arraigo en varias regiones del país, como en el Urabá y el Nordeste antioqueño. Acabar con la vida de miles de personas tuvo como fin, según la JEP, destruir para siempre ese proyecto que tenía implicaciones en cada esfera social, política, económica y cultural en las regiones en las que la UP se convirtió en una fuerza sociopolítica importante.
Lea: “En el Oriente antioqueño hubo actos de tortura del ejército para que campesinos confesaran supuestos vínculos con la guerrilla”: JEP
Además de renombrar el Caso, que una decisión histórica, la JEP acaba de imputar como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores, al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, por concebir e implementar una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las Farc-EP implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad les imputó a los cinco comparecientes de la fuerza pública el crimen de genocidio (en aplicación del Artículo 101 del Código Penal colombiano), así como el crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos. Las conductas criminales determinadas por la sala se atribuyen a los máximos responsables en sus roles de comandantes o jefes de inteligencia de la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 ‘Francisco de Paula Vélez’ (BIVEL), del Ejército Nacional.
Urabá antioqueño, epicentro del genocidio
Según explicó la JEP, el fenómeno macrocriminal que se dio a nivel nacional para aniquilar a los integrantes de la UP tuvo como caso emblemático lo ocurrido en el municipio de Apartadó, capital de la región de Urabá, con un pico en 1996. Este período y territorio representan uno de los epicentros del ataque que sufrieron los miembros de la UP en todo el país durante más de veinte años, entre 1984 y 2007.
Conozca: Condenan a la Nación por “falso positivo” de joven de Manrique
La investigación que realizó la JEP para llegar a las imputaciones en este caso se convierte en una de las más robustas y extensas, que incluyó una amplia labor de contrastación de fuentes: se examinaron 34 informes, incluyendo cinco de entidades estatales (Fiscalía, Procuraduría, Centro Nacional de Memoria Histórica) y 29 informes de organizaciones de víctimas. La Sala de Reconocimiento de Verdad también realizó 139 diligencias de versión con 68 comparecientes, y 135 tomas de testimonios de víctimas y declarantes en calidad de testigos, además de escuchar a 105 víctimas sobrevivientes y familiares. También realizaron inspecciones judiciales a archivos de inteligencia de la antigua Brigada XX y la Brigada XVII del Ejército Nacional, encontrando evidencia clave para comprobar el patrón macrocriminal.
Según le señaló a EL COLOMBIANO la magistrada Catalina Díaz, este caso es especial porque logró una evidencia robusta a pesar de los comparecientes, que no han mostrado mayor interés en hacer aportes a la verdad.
“En las versiones voluntarias de estos comparecientes, en realidad no ha habido mayores aportes. La investigación se ha concentrado entonces en contrastar lo dicho por los comparecientes con el testimonio de las víctimas. Hemos escuchado directamente a más de 100 víctimas en Colombia y en el exilio en conjunto con la Comisión de la Verdad. Y una de las grandes contribuciones ha sido la investigación de los archivos militares, una investigación inédita de los archivos de inteligencia de la Brigada XX. Hemos encontrado decenas de documentos que describen y reportan los seguimientos a dirigentes de la Unión Patriótica, dirigentes que luego fueron asesinados; hemos encontrado órdenes de seguimiento que decían explicitamente Farc-UP y que contenían direcciones, nombres de dirigentes políticos y sociales”.
La investigación de la JEP determinó que mientras la UP era estigmatizada, también fue segregada, pues sus miembros quedaron totalmente abandonados e indefensos ante la negativa de garantizarles protección por parte del mando de la Brigada XVII, con el apoyo de la Primera División. En el marco de dicha investigación, el alto tribunal reveló que los mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político. La sala concluyó que esta política facilitó la consolidación de grupos paramilitares en la región de Urabá y generó las condiciones para que los principales perpetradores materiales actuaran libremente y con impunidad.
Le puede interesar: “Se le puso un revólver y un sombrero militar”: exmilitares narraron a la JEP falso positivo de una menor de edad en Antioquia
Los ataques en Apartadó, donde se concentró una de cada cuatro víctimas fatales a nivel nacional en 1996, ilustraron la connivencia entre paramilitares y miembros de la fuerza pública. El caso de Apartadó es emblemático y muy ilustrativo de cómo se construyó el estigma contra la UP.
El éxito social y político de la izquierda en Urabá fue presentado como “la materialización de la amenaza comunista”, señalando a la región como un territorio insurgente que amenazaba la integridad de la nación. Urabá fue presentado en el discurso público como “la esquina roja de Suramérica”.
La Masacre de la Cooperativa Balsamar, cometida en San José de Apartadó, el 7 de septiembre de 1996, es un hecho ilustrativo central de esta tercera modalidad. Esta masacre representa el intento de destruir a la UP atacando sus bienes colectivos, dado que la Cooperativa Balsamar y el supermercado Comunal fueron previamente etiquetados como “propiedades de la guerrilla” en los informes de inteligencia, criminalizando el apoyo de los gobiernos de la UP a dichos proyectos. Además del asesinato de sus militantes, el ataque buscaba expulsar de la región a los sobrevivientes, es decir, el desplazamiento forzado hizo parte de la estrategia.
La dolorosa dimensión del genocidio contra la UP
La sala también determinó que la estigmatización no fue una opinión marginal, sino un planteamiento ampliamente aceptado y difundido en las unidades de inteligencia del Ejército. Por ejemplo, el excomandante de la Primera División, Iván Ramírez Quintero, fue uno de los grandes responsables desde su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINTE), al vincular directamente a la UP con las Farc-EP en documentos oficiales.
La estigmatización se mantuvo y se reforzó con el discurso público que acusaba a la UP de ser parte de una estrategia de combinación de todas las formas de lucha, que ignoraba el anuncio público hecho por los dirigentes del partido sobre su separación definitiva con las Farc-EP en 1987.
Esa política coordinada entre militares, empresarios, paramilitares y otras fuerzas convirtió a la UP, según estableció la JEP, en el movimiento político con el mayor número de víctimas fatales entre los militantes políticos asesinados en la historia del conflicto armado colombiano, con un 66,3 %.
Así, se estableció que, entre 1984 y 2016, por lo menos 8.929 personas fueron víctimas del ataque contra miembros de la UP, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de violencia no letal. Se estima que el número de víctimas de la UP que fueron desaparecidas forzadamente es de 1.115 personas.
El propósito de destruir a la UP recurrió a todos los medios de violencia disponibles. Además de los asesinatos y las desapariciones forzadas, también se registraron 1.959 víctimas de desplazamiento forzado y 32 víctimas exiliadas, 792 amenazas, 485 víctimas de intentos de homicidio, 247 detenciones arbitrarias o judicializaciones infundadas, 228 víctimas de tortura, 110 secuestros y 23 víctimas de violencia sexual.
La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país, pero el 59,1 % de las víctimas se concentró en tres regiones: Urabá, Ariari-Guayabero y Magdalena Medio.
La JEP determinó que el carácter deliberado de las omisiones de los comparecientes en su rol de altos mandos del Ejército se desprende del conocimiento efectivo que tenían sobre la violencia genocida que se estaba desplegando contra la UP y de los acuerdos de connivencia existentes entre los grupos paramilitares y las unidades bajo su mando. La sala concluyó que, sin las contribuciones y omisiones de estos máximos responsables, el suceso criminal no hubiera ocurrido tal y como se desarrolló.
Ahora los cinco imputados tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y serán remitidos al Tribunal Especial para la Paz para imponerles una Sanción Propia. Si los comparecientes rechazan su responsabilidad y optan por la vía adversarial, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
Regístrate al newsletter