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El sector cerró el 2020 con menos ventas y una abultada cartera.
Costos operativos subieron.
Una cartera acumulada de $1,6 billones y una reducción de $52.063 millones en facturación son los hallazgos centrales del último balance financiero que revelaron los 17 hospitales y clínicas más importantes de Antioquia al cierre de 2020, el año de la pandemia.
Golpeados por tres alertas rojas hospitalarias (Ver radiografía), el incremento en sus costos operativos y la presión de una emergencia sanitaria que cumplirá un año el próximo mes, directores y líderes del sector de la salud hicieron una radiografía de su situación financiera y lanzaron una alerta.
Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, planteó que para entender el panorama actual debe recordarse que el sistema ya arrastraba problemas desde antes de la pandemia, principalmente a causa de las grandes deudas de las EPS, varias de ellas liquidadas.
Por ejemplo, según precisó el grupo de los 17 hospitales, aunque la cartera de las entidades en liquidación se redujo en $27,781 millones entre 2019 y 2020, la deuda acumulada seguía siendo alta, con un valor de $217,097 millones. (Ver infografía)
De ese total, las entidades que concentran la mayor parte de la deuda continúan siendo las desparecidas Cafesalud (con $74,965 millones pendientes) y Saludcoop (con $54,676 millones).
Aguirre Martínez señaló que, durante los primeros meses del año pasado, la red hospitalaria sostenía su operación a pesar de esas deudas. Sin embargo, la llegada de la pandemia trajo un incremento en los costos operativos.
Procesos de desinfección más estrictos, el encarecimiento de los elementos de protección personal y los costos para ampliar y sostener la oferta de las unidades de cuidados intensivos (UCI) son algunas de las razones detrás de ese incremento, detalló el director.
“Si llevamos a un equipo de tomografía a un paciente con covid debemos tener el tiempo suficiente para dejar ese equipo en una condición de limpieza que evite la transmisión de la enfermedad a otros pacientes. Por lo tanto, los equipos no rinden igual”, ejemplificó Aguirre.
Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora de la IPS Universitaria, coincidió en que el encarecimiento de los elementos de protección ha impactado las cuentas de la institución.
Según advirtió, tan solo en el caso de los guantes, la IPS tuvo que triplicar sus compras.
“Un par de guantes se podía adquirir a $130 y en las últimas compras llegaron a $350 y $450. Además, por las medidas de bioseguridad, nosotros pasamos de consumir cerca de 300.000 guantes al mes, a cerca de un millón, porque el personal debe cambiarlos con más frecuencia y usar tres pares en vez de uno”, dijo Ramírez Orrego, ilustrando el impacto que tuvieron en sus cuentas esos insumos, que las aseguradoras aún se niegan a asumir.
Aunque al cierre de 2020 la IPS Universitaria logró aumentar un 5,4 % su facturación en comparación con 2019 y alcanzó un equilibrio operacional, Ramírez advirtió que la institución registró en diciembre un déficit de caja de $60.000 millones, principalmente causado por las deudas de las EPS.
Según precisó, de no ser por las donaciones cercanas a los $23.000 millones realizadas por la Alcaldía de Medellín, EPM, Proantioquia y algunos particulares, la IPS no habría podido escalar su capacidad de camas tipo UCI y mantenerse a flote durante la pandemia.
Mauricio Tamayo Palacio, presidente de San Vicente Fundación, también resaltó el papel del sector privado en permitir que el sistema hospitalario se alistara para sortear la emergencia sanitaria.
En el caso de la fundación, las ayudas del empresariado le permitieron aumentar en un 68 % sus camas UCI, detalló.
En comparación con 2019, Tamayo explicó que el balance de esa institución fue positivo durante el año pasado, incrementando en un 2,1 % su facturación y reduciendo en 10,3 % su cartera. Sin embargo, aclaró que todavía son muchas las variables que preocupan.
“Si bien nosotros el año pasado logramos disminuir la cartera, los índices de rotación de esa cartera no son nada buenos para el sector y nosotros no somos ajenos a eso. Necesitamos que se haga efectivo el Acuerdo de Punto Final para el régimen contributivo y nos sigue inquietando la liquidación de entidades”, dijo Tamayo.
Frente a la implementación del Acuerdo de Punto Final, el programa con el que se busca saldar las deudas que la Nación y los departamentos acumulan con las EPS y las IPS, los tres gerentes consultados coincidieron en que el proceso no avanza a la velocidad necesaria.
Según detalló la directora Ramírez, aunque al sistema fueron girados recursos pendientes, en el renglón del régimen contributivo aún falta la mayor parte de lo pactado.
“Hay que exigir que el Acuerdo de Punto Final se cumpla, porque hay deficiencias. Pero también hay que hacer una reflexión sobre la ineficiencia del sistema de intermediación financiera, que lo único que hace es desangrar los dineros de la salud que los colombianos pagan”, opinó Carlos Eduardo Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.
Contemplando lo que podría ocurrir durante los próximos meses, los gerentes advirtieron que, de persistir las deudas, el sector podría tener problemas para financiarse. Por esta razón hicieron un llamado para que los costos de la pandemia no recaigan solo sobre los hospitales y el sistema pueda mantenerse a flote