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Zona libre de capturas


Que la Fiscalía haya tenido que ordenar la suspensión de ejecución de las órdenes de captura vigentes en Medellín, ya que no hay lugar disponible para llevar a los detenidos, indica no solo el calamitoso, y ante todo absurdo, estado del sistema penitenciario, sino la falla estructural en uno de los pilares del sistema de justicia.

Si ya dos de esos pilares, el de la investigación y el juzgamiento, tienen suficientes falencias que han generado índices de impunidad penal de hasta el 95 por ciento (datos del propio fiscal general en 2016), resulta cuando menos desestabilizador para todo el sistema que no haya dónde recluir a quienes sean capturados por diversas conductas violatorias de la ley.

No es la primera vez que Medellín se queda sin lugares adecuados para conducir a las personas detenidas. Las propias estaciones de Policía están abarrotadas, sin espacio ni siquiera en los pasillos, situación que genera enormes riesgos no solo para los uniformados, sino para los propios detenidos.

Lo de la saturación de las cárceles es un problema crónico en cuya solución nunca parece haber prioridad en los programas gubernamentales. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró el “Estado de cosas inconstitucional”, al urgir medidas del Gobierno Nacional para superar la sobrepoblación carcelaria. En 2013, la Corte dijo que el estado de cosas inconstitucional persistía, si bien con causas diversas y adicionales a las de la primera declaratoria.

Son múltiples los problemas pendientes que hay que abordar, así como son varias las consecuencias nocivas de tener que parar el cumplimiento de las órdenes de captura vigentes.

En primer lugar, el hacinamiento carcelario constituye una violación a los derechos fundamentales de los reclusos, sean estos sindicados a la espera de definición de pena, o ya personas condenadas por los jueces.

En segundo lugar, se presenta una falta de coordinación entre las autoridades públicas concernidas en la cadena institucional de la administración de justicia. El Gobierno central achaca responsabilidad a las gobernaciones y a las alcaldías. La Fiscalía reclama por la falta de colaboración del Inpec. Y los guardias de este Instituto denuncian, con toda razón, las extremas condiciones de dureza y precariedad en las que tienen que desarrollar sus funciones.

En tercer lugar, y ya ciñéndonos a los efectos de la medida conocida antier, es alarmante para la sociedad que no haya operatividad de la justicia y que las autoridades competentes (Policía, CTI) no puedan cumplir las órdenes de captura vigentes. Una especie de salvoconducto para que quienes huyen de la ley puedan circular libremente, prevalidos de la incapacidad estatal para solidificar un sistema penitenciario confiable.

Es larga la lista de ministros de Justicia que, con intervalo de pocos meses, anuncian “planes de choque”, medidas de contingencia e incluso “soluciones inminentes” a una crisis que no para de crecer. Todo ello en un ámbito donde la política criminal no tiene un norte claro sobre los delitos que realmente ameritan prisión y donde se establecen sistemas paralelos de penas simbólicas para crímenes de infinita capacidad lesiva para personas y comunidades.

Medellín se enfrenta, pues, a este nuevo factor de zozobra, mientras busca cómo lidiar con poderosas e impunes redes de criminalidad.


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