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Un muerto y decenas de heridos dejó ayer el choque entre Policía y manifestantes durante la jornada inicial de la huelga general de 48 horas convocada por la oposición. La violencia y la represión no cesan en las calles, mientras que las sanciones contra el régimen venezolano son cada vez más.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó con la congelación de sus activos y la prohibición de negocios con ciudadanos estadounidenses a 13 altos funcionarios del régimen chavista, entre los que se incluye a los ministros de Educación y del Interior, Elías Jaua y Nestor Reverol, respectivamente, y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
El hecho parece valer poco en las calles del país, puesto que no impidió que los militares reprimieran fuertemente a jóvenes opositores en las principales ciudades. El asesinado fue un hombre de 30 años en Mérida, tal como informó el alcalde Carlos García: “Lamentamos informar la muerte de Rafael Vergara de 30 años en Los Molinos, producto de la represión de los órganos de la dictadura”, dijo en Twitter. Con este son ya 101 muertos en Venezuela tras más de tres meses y medio de protestas.
Precisamente, el gobierno estadounidense argumentó que las sanciones apuntan contra funcionarios “asociados con las elecciones (a constituyente) o con quebrantar la democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción”.
A solo tres días de que el régimen de Maduro realice su polémica elección para conformar una Asamblea Nacional Constituyente que previsiblemente dé un golpe mortal a la poca democracia que quedaba en Venezuela, ¿servirán de algo las sanciones de EE. UU. para que el mandatario rectifique su política de represión y uso de fuerza?
En diálogo con EL COLOMBIANO, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consideró que “sancionar funcionarios puntualmente logra golpear mucho más estratégicamente al régimen, porque muchos de ellos consideraban que no iban a recibir castigos por sus acciones. La idea es que estas presiones lleven a un espacio de negociación”.
Por ahora, no obstante, Caracas funciona a media marcha. Mientras que principalmente en el este imperan los bloqueos organizados por opositores y la desolación de un comercio cerrado, en sectores más populares la gente sale por necesidad a ganarse su sustento como si fueran días normales. Para Rodríguez, esto evidencia la estrategia chavista de aquí al domingo.
“Hoy los venezolanos están en un punto tan crítico que sus necesidades básicas desincentivan su participación política. Eso es un instrumento para el régimen. Probablemente, tal como ocurrió en pasados comicios durante la era Chávez —con el Programa Maisanta y la Lista Tascón—, el régimen de Maduro intentará utilizar el domingo los Comités locales de Abastecimiento y Producción, Clap, el carnet de la patria, y otras ayudas para extorsionar y movilizar a los sectores populares impulsados por el hambre, la necesidad y la miseria; y registrar quiénes asisten para castigar a los otros”.