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Comunidad insiste en tumbar estatuto de valorización en El Poblado
Ciudadanos de El Poblado inconformes con esta contribución para la financiación de las obras, alistan nueva demanda.
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Arriba, la lateral Zúñiga. Abajo, la Superior con Los Balsos, ambos terminados. FOTO jaime pérez -
03 de septiembre de 2015
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70
mil 876 propietarios son los afectados con el derrame de la valorización.
20
mil ciudadanos, hasta ahora, han cancelado el total de la deuda por su predio.
A pesar de que el Fonvalmed -Fondo de Valorización de Medellín- reportaba hasta ayer $152.216 millones de recaudo por las obras de valorización de El Poblado, el inconformismo de muchos ciudadanos sigue latente, al punto que se alista una demanda contra el Estatuto de Valorización en sí, la cual será presentada en los próximos días.
El artífice del recurso es Alfonso Vergara, integrante del colectivo Corporación Dignidad Colombia, de la cual es el presidente. Según el vocero de los sectores inconformes, el estatuto viola la Carta magna “porque tiene vicios de constitucionalidad en varios artículos que son demandables, y con un grupo de abogados estamos estudiándolo bien para entablar la demanda”, precisó Vergara.
Recuerda que además de este recurso, hay dos acciones de Nulidad que cursan en los tribunales y que deben estar próximas a fallarse. En caso de que estas sean decididas a favor de los opositores al cobro, no solo se caería la resolución de los cobros sino que haría nulo todo el proceso.
(Hasta el 2017 se extenderán las obras de valorización de El Poblado)
Pero aún así, la comunidad insistirá en tumbar el Estatuto de Valorización como tal, pues aunque se cayera en este caso, este seguiría vivo en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- aprobado recientemente.
“Si nosotros logramos que la demanda contra el Estatuto sea fallada a nuestro favor, sería anular de por vida la financiación de obras por el sistema de Valorización en Medellín”, asegura Vergara.
Mientras las obras avanzan, se inauguran intercambios y se siente el taladrar de la maquinaria en los ocho puntos que en el momento se trabaja, los afectados con el cobro se quejan.
A esta Redacción llegó una carta con 192 firmas en la que culpan al alcalde, Aníbal Gaviria, de las desdichas que pasan muchos residentes de la comuna 14 por pagar unas obras viales que, consideran, no les valoriza los inmuebles.
“Nunca olvidaremos este atropello”, dicen en la misiva, que recoge el malestar por lo que consideran “injusto y desaforado derrame de valorización”.
Añaden que “tenemos que acudir a préstamos bancarios o vender nuestras propiedades a aves de rapiña que están a la expectativa (...) para adquirir a precios irrisorios nuestros apartamentos para así poder pagar los derrames”.
La carta se siente como el lamento de una comunidad angustiada e inconforme por el pago de dineros que, sienten, no les corresponde asumir solo a ellos.
Un caso extremo
Pero ese lamento tiene piel. En este caso la de Cecilia Ospina, una señora de 75 años que habita en una casa vieja en la llamada Calle de la Buena Mesa de El Poblado. El inmueble fue declarado bien patrimonial en el POT y, sin embargo, a su propietaria le llegó un derrame de $54 millones, que no sabe de dónde sacará para pagarlos.
“Esta casa está en sucesión y estoy rogando para que no la tumben, porque es un patrimonio, pero considero injusto e ilegal el cobro de valorización, porque esta es la zona más caótica de movilidad (carrera 43B entre calles 12 y 14), con parqueos de carros que no dejan ni entrar a la casa y sin autoridad que haga controles”, explica Cecilia.
Advierte que de por sí, en su casa se pagan $28 millones anuales de impuesto predial y es con esos dineros que la Alcaldía debería financiar las obras de infraestructura.
Gustavo Yarce, del Comité no cobro de Valorización, señala que si bien es cierto hay un recaudo alto reportado por el Fonvalmed, este no se da porque la gente esté feliz con las obras y haya corrido a pagar.
“Aunque cursan demandas de Nulidad que esperamos sean a nuestro favor, si estas le dan la razón al Fonvalmed a las familias les tocaría pagar con intereses de mora, entonces se ven obligadas a pagar aunque no estén de acuerdo”, repite Yarce. Y explica a fondo las demandas:
Una fue entablada en 2011 y fallada en contra de sus intereses por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero el fallo se apeló ante el Consejo de Estado y se está pendiente de que este organismo la resuelva.
La otra es contra la Resolución 094 de 2014, la resolución distribuidora de los contribuyentes, que fue interpuesta bajo el argumento que a los contribuyentes no se les dio suficiente información para argumentar en su defensa ante el Fonvalmed.
“En este caso se violaron el debido proceso, el principio de publicidad, el derecho de contradicción y el derecho de defensa”, señala Yarce.
Un tema de ciudad
En el mismo sentido se pronuncia Margarita Peláez, del Comité no cobro de Valorización, quien sostiene que a El Poblado le están cobrando el fruto de muchos años de improvisación en la planificación de la ciudad y que la imposición del pago por las obras viola derechos de los ciudadanos a participar en las decisiones de su territorio.
“El movimiento de la Valorización se convirtió en un movimiento ciudadano, porque vimos que el gobierno improvisa, y por eso nos hemos unido con ciudadanos de Envigado, de El Limonar, de San Joaquín, que tienen los mismos problemas”, dice.
Sostiene que Dignidad Ciudadana -nombre que ha adoptado el movimiento que rechaza el sistema de valorización- aglutina el malestar de la comunidad por la “improvisación en los planes que tienen que ver con el territorio y que han sido tomados de manera inconsulta por las autoridades sin participación ciudadana”.
(Remueven al contratista de la obra de la transversal Inferior con Loma de Los Balsos)
Argumenta que si sus protestas hicieron posible que el contratista del intercambio Transversal Inferior con Los Balsos haya sido cambiado por sus incumplimientos, en adelante ningún mandatario podrá imponer obras a su arbitrio sin tener en cuenta los interesas de la gente.
“No podemos aceptar que digan que los predios se valorizaron con las obras, la forma de derrame fue injusta y sin explicación, pues en un mismo edificio a un apartamento se le cobraron dos millones de pesos y a otro hasta 10 millones, es una incoherencia”, advirtió.
El director del Fonvalmed, Luis Alberto García, responde que contra los recursos que se han interpuesto solo espera que sean resueltos por las instancias judiciales y que se respetarán sea cual sea la decisión: “algunos recursos, en primera instancia nos han dado la razón en cuanto a la legalidad del proyecto, y esperamos que la ciudadanía tenga la misma tónica”.
Sobre la no valorización de los inmuebles por proyectos viales, argumenta que es una percepción que respeta, pero que su concepto es distinto: “estamos seguros que la movilidad valoriza en grado sumo y mejorar la movilidad genera valor; es posible que la discusión se oriente si la valoración es muy baja o muy alta por un tipo de obra o de otro, pero diferimos en que las obras viales no generan valor”.
Sobre casos como el de la señora Cecilia Ospina admite que desde lo técnico la generación de valor se calcula en el territorio debido a las obras que se proveen y no tiene que ver con el valor o la edad del inmueble. “Eso da resultados que a veces no se compadecen con algunas condiciones específicas, por eso abrimos los recursos de reposición en los días posteriores al derrame, pero hoy aún hay un espacio abierto por vía de la petición para la gente que considere que la contribución de valorización que se le asignó desborda de manera ostensible su capacidad de pago”. A este grupo se le puede aplicar, previo estudio y comprobación de la situación, la congelación del cobro, explicó el funcionario.
El concejal Luis Bernardo Vélez insiste en que el derrame “fue improvisado y mal aplicado”.
458
mil millones de pesos es el valor total de las 23 obras del proyecto de Valorización.
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