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Urge una solución a la división por el petróleo
Sin reglas claras, Gobierno y municipios pujan frente al futuro de industria extractiva.
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Foto: cortesía
15 de junio de 2017
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Todos quieren la leche, pero nadie quiere la vaca. Ese dicho popular refleja lo que ocurre hoy con la industria petrolera en el país, cuando hacen carrera en 19 municipios de ocho departamentos iniciativas de consultas populares en contra de la exploración y la extracción de crudo, como la de Cumaral (Meta), del domingo pasado.
De esa manera, se replica lo que ha puesto freno de mano a proyectos mineros en Cajamarca (Tolima) y por vía acuerdos municipales en Jericó y Támesis (Antioquia). Pero la alta conflictividad reciente frente a la actividad extractiva de recursos naturales también puede tener su efecto de contagio en los sectores económicos como la agroindustria, la infraestructura y la generación de energía, advierte Marco Velásquez Ruiz, investigador del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, crítico de anteponer industria extractiva a comunidades y a favor de buscar acercar intereses legítimos de ambas partes.
Actores en conflicto
De un lado están las comunidades, alentadas por movimientos sociales, ambientales y políticos, que plantean temores de diversa índole, desde el riesgo de perder o contaminar fuentes de agua, afectaciones al desarrollo agropecuario y turístico, descomposición social y hasta la posibilidad de temblores y deslizamientos de tierra.
“El país requiere minería y petróleo y eso nadie lo discute. Pero hay dos problemas simultáneos: uno, pensar que donde hay petróleo y metales se puede explorar y explotar y que no hay problemas ecológicos ni de ningún tipo; lo segundo que obra a favor del no a la extracción de recursos son las experiencias negativas de muchas comunidades en el país”, comentó Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente.
En la otra orilla, están las empresas, nacionales o extranjeras, que luego de firmar contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), obtener licencias ambientales y haber invertido millones de dólares, ahora asisten desconcertadas a un cambio en las condiciones de entorno en sus áreas de influencia.
Desde su gremio, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), reclama seguridad jurídica, es decir, que haya reglas claras de juego para proyectos que son de largo plazo. “Ahora la ANH ofrecerá 40 bloques de áreas exploratorias, pero quién se va a interesar si existe incertidumbre sobre la posibilidad adelantar actividades por cuenta de consultas populares. La incertidumbre amenaza seriamente a un sector que necesitamos todos los colombianos”, reclamó Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
En este conflicto también tercian la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que a falta de normas más precisas apelan a la interpretación de las vigentes. Con sus fallos recientes han dado un viraje en su línea jurisprudencial y reconocen los derechos a la población, las competencias municipales y las nacionales sobre el territorio e instan al Ejecutivo a generar mecanismos de concertación.
Entre tanto, el Gobierno actúa de manera tardía y desarticulada, se expone a millonarias demandas en tribunales de arbitramento internacionales y pierde credibilidad a la hora de atraer inversión extranjera, señala el abogado José Vicente Zapata Lugo, de la firma Holland & Knigth, que asesora a industrias del sector minero-energético.
“Si se sacaran más leyes y reglamentaciones robustas no estaríamos en este escenario. Las cortes entran a suplir vacíos jurídicos con sus fallos, pero aún no se tiene claro qué se puede y qué no se puede hacer con las consultas populares frente a la inversión en curso de las empresas”, agregó el jurista.
¿Y el árbitro?
En medio de este tire y afloje por el petróleo, es decir, la vaca que no quieren, se encuentra el Gobierno. Ahora busca el camino adecuado para acercar a las comunidades con una actividad históricamente indispensable para el crecimiento de la economía y los ingresos de la Nación (ver gráficos).
Consultada por este diario y sin precisar una fecha, la viceministra de Energía, Rutty, Paola Ortiz Jara, informó que se trabaja en un proyecto de ley que será llevado al Congreso en el segundo semestre .
Así se establecerá un mecanismo legal que propicie la participación ciudadana y ponga orden a la conversación entre las competencia de la Nación, las gobernaciones y los municipios frente a la exploración y explotación de recursos naturales del subsuelo colombiano.
“Hay que ver la industria petrolera con objetividad. No patrocinamos una industria que vulnere las potencialidades ambientales, de ninguna manera, siempre se exige cumplimiento estricto con la protección de ecosistemas cercanos a las áreas de influencia”, comentó la funcionaria al reconocer el reto de que las comunidades estén suficientemente informadas frente a beneficios y compensaciones de las empresas (ver nota anexa).
Mientras eso pasa, el presidente de la estatal ANH, Orlando Velandia Sepúlveda, considera que se está abusando de la autonomía de los municipios, no están respetando sus competencias y alerta que “estamos caminando peligrosamente hacia una realidad fiscal muy complicada para el país, si se mantiene la tendencia de los municipios a prohibir la industria extractiva”.
En ese sentido, el petróleo es lo que más exporta Colombia, por tanto, la mayor forma de ingreso de dólares y estabilidad a la tasa de cambio, la principal fuente de ingresos para el presupuesto nacional, vía impuestos, y clave en la inversión social en educación, salud y carreteras para las regiones, mediante las regalías (ver A favor y En contra).
Con todo, está el balance futuro entre participación ciudadana y la producción de petróleo, justo en un escenario de declive de las reservas de crudo, que solo alcanzarían para los próximos cinco años, a niveles de producción de 2016, advierte Pedro Carmona Estanga, director del Instituto Hidrocarburos, Minas y Energía (IHME) de la Universidad Sergio Arboleda .
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