editorial | Publicado el

Juan José Hoyos


UN OFICIO PELIGROSO

En Colombia, la libertad de prensa está amenazada y el ejercicio del periodismo se ha convertido en un oficio lleno de riesgos. Esta vez, los responsables ya no son los grupos al margen de la ley sino los funcionarios del Estado y la Fuerza Pública. Las tres ramas del poder parecen haberse confabulado para coartar la libre expresión.

Estas son las principales conclusiones de un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa publicado esta semana con motivo de la celebración del Día del Periodista.

Según el documento, en 2017 hubo 310 ataques documentados contra la prensa que afectaron a 368 periodistas. Las amenazas también aumentaron al pasar de 90 en 2016 a 129 el año pasado. El clima de intimidación dejó de ser exclusivo de las regiones apartadas y se expandió a las grandes ciudades. Bogotá es la ciudad en la que hubo más ataques, con un 24,5 %. Le siguen Antioquia y Valle del Cauca con 8,8 % cada una.

La FLIP dice que lo más preocupante es que los guardianes de nuestras libertades terminaron siendo los primeros censuradores. En 2017, la Fundación documentó 76 agresiones de funcionarios oficiales contra periodistas, 72 de particulares y 33 de actores ilegales.

“Hoy, quien está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, el personero, los diputados, el concejal y en general los funcionarios que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos”, dice el informe.

Las principales agresiones de la Fuerza Pública se han presentado durante el cubrimiento de protestas sociales. Sus miembros, en al menos 15 protestas, usaron bolillos, bombas aturdidoras y armas de salva contra los periodistas que estaban informando sobre las protestas.

El caso más grave se presentó el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, en la que fue asesinada la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo, de la emisora Renacer Kokonuko. Ella se encontraba cubriendo los enfrentamientos entre los indígenas y el escuadrón antidisturbios Esmad, de la Policía Nacional. Su muerte todavía no ha sido aclarada por las autoridades judiciales, pero una de las hipótesis de la Fiscalía asegura que agentes del Esmad son los responsables de los impactos de bala que ella recibió.

El informe señala al presidente Juan Manuel Santos como uno de los principales responsables de las restricciones a la libertad de prensa. Según la FLIP, el jefe del Estado prometió cambios históricos en la reparación y la protección de los periodistas que nunca se cumplieron.

La FLIP también reprochó a Santos que personas cercanas a él presionaron a algunos medios durante su campaña de reelección.

La Corte Suprema de Justicia fue acusada de expedir sentencias lesivas para el libre ejercicio del periodismo como las relacionadas con el derecho a la rectificación y a la reserva de la fuente. La Corte Constitucional también fue criticada por la torpeza de varios de sus magistrados en algunos debates sobre nuevas tecnologías y libertades.

Entre los riesgos de ejercer el periodismo en Colombia, la FLIP señala “la violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas; la violencia estatal y letal contra periodistas y las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura”.

El informe revela que hay 144 periodistas en el país que están amenazados y que cuentan con medidas de amparo de la Unidad Nacional de Protección.

Por último, deplora que desde 1977 en Colombia hayan sido asesinados 155 periodistas por razones de su oficio. Solo en 27 de los casos se han emitido condenas. Los otros 127 crímenes se encuentran en la impunidad.

Una triste paradoja: en Colombia, el oficio más hermoso del mundo se ha convertido en el más peligroso.


Powered by