negocios | Publicado el 21 de agosto de 2018

Superintendencia de Industria 4.0

Pablo Felipe Robledo es uno de los pocos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos que estuvo durante los ocho años, dos como viceministro de Justicia y seis en la SIC. FOTO el colombiano

Natalia Cubillos Murcia

“Si planea mucho su futuro puede que eso no se dé, pues de un momento a otro puede recibir una llamada que le cambiará la vida”. Así define el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, el periodo en el que se encuentra y en el que a ojos de la opinión pública es un funcionario saliente del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para él, el plan podría ser volver a su ejercicio como abogado y dictar clase.

No obstante, EL COLOMBIANO conoció que desde el 10 de agosto y hasta el 24 de este mes está puesto para comentarios un proyecto de decreto que posibilitaría al presidente Iván Duque “ratificar a los superintendentes que vienen ejerciendo el cargo sin necesidad de efectuar una nueva convocatoria”. Este parágrafo se adicionaría al Decreto 1083 de 2015.

Hace 3 años, a través de otro decreto, el 1817, se expidieron las condiciones de nombramiento y remoción de los superintendentes de Industria y Comercio, Sociedades y Financiero y en el que se exige que finalizado el periodo constitucional del Presidente de la República se deberá designar el reemplazo de estos profesionales en un plazo máximo de tres meses (ver ¿Cómo funciona?).

En el gobierno Duque ya se ratificó en el cargo al superfinanciero, Jorge Castaño, quién llevaba apenas 7 meses y era el único que ya había pasado por el proceso de concurso para el cargo.

Si este decreto sale a la luz y se beneficia Robledo, él mismo ya dio las pautas de lo que deberá ser priorizado para el “nuevo Superintendente” a través de una entrevista que dio a EL COLOMBIANO, previo conocimiento de esta normativa que está en marcha.

Entre las prioridades expuestas está ser una superintendencia más enfocada en investigaciones 4.0 de protección de datos personales, e incluso hacer equipos especializados en algunos temas como agro y el sector financiero.

¿Cómo deja la SIC tras 6 años al frente?

“Cumplimos con el propósito básico, que es dejarle al sucesor una mejor entidad que la que recibió. Dejamos una SIC con un presupuesto en crecimiento: de 40 mil millones en 2010, a 180 mil millones en 2018 y para 2019 de 278 mil millones de pesos. Tendrá siete veces más prepuesto que lo que tuvimos nosotros”.

En capacidad sancionatoria y funcionarios, ¿cómo cambió?

“Desde el punto de vista del fortalecimiento de los colaboradores recibimos una superintendencia con 644 trabajadores, hoy hay 1.753. Hemos triplicado la fuerza laboral y multiplicado por 50 veces la capacidad sancionatoria”.

¿Qué análisis se hace de las multas impuestas?

“En la época de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe el valor de las mutas era irrisoria. La más alta fue en 2008, con 16.008 millones, la que le sigue en valor fue en 2009, con 8.002 millones y las demás entre 2.300 millones y 5.600 millones de pesos. Las grandes sanciones las hicimos en el gobierno Santos: tuvimos un año de 26.348 millones, pero picos de 363.793 millones, 534.716 millones y en lo corrido del año 2018 a junio 93.737 millones”.

Esas multas son altas frente a las otras superintendencias, ¿a ellas les falta capacidad sancionatoria?

“Absolutamente a todas. Una de las grandes tareas que deberá emprender Duque es modificar la capacidad sancionatoria de todas las superintendencias incluyendo la SIC, pese a que es la que mayor capacidad tiene, sigue siendo insuficiente. Es increíble que una empresa de turismo solo pueda ser sancionada con 12 millones de pesos por violar derechos de los consumidores, que otras empresas puedan sancionarse con 1.500 millones por lo mismo y que esa sea la sanción máxima por violaciones de habeas data, metrología legal y reglamentos técnicos. En competencia la sanción máxima hoy es de 78 mil millones”.

Usted ha reiterado que en competencia es insuficiente, ¿por qué?

“Hay que adoptar un modelo de porcentaje sobre los ingresos de las compañías. La capacidad sancionatoria es francamente ridícula. Si el país quiere que las 10 superintendencias den resultados en Inspección, Vigilancia y Control (IVC) tiene que dotarlas y debe seguirse el ejemplo de lo que se hizo con la SIC. No hay nada que inventar”.

¿Cuál es ese modelo?

“De independencia a los superintendentes, despolitice las superintendencias, remunere bien a los funcionarios, lleve gente capacitada, dé presupuesto, personal y capacidad sancionadora y laboratorios forenses adecuados”.

¿Qué se le quedó en el tintero?

“Eventualmente se pudo haber hecho un trabajo más intenso en protección de datos personales. Nos concentramos mucho en competencia y consumidor. Esto tiene que ver con que es nuevo, desde solo hace cinco años la SIC es la autoridad de protección”.

¿Y en temas normativos, en qué se debe trabajar?

“Introducir un abanico más amplio de sanciones complementarias a la mera sanción económica. Para quienes se cartelizan en licitaciones públicas, que la SIC pueda inhabilitar para contratar con el Estado por un tiempo, por ejemplo 5 años. Además, sería bueno que en la SIC se tuvieran grupos especializados para trabajar prácticas anticompetitivas en el sector agrícola, temas aeronáuticos y financieros. Y hay otra discusión que debe dar el nuevo gobierno: que la SIC sea la autoridad única en protección al consumidor (no la Aeronáutica Civil, Superfinanciera o Superservicios). Con esto se evita que al consumidor se le dificultad la identificación de qué entidad debe recibir su queja y hacer un paseo de la muerte del consumidor”.

Con el proyecto de decreto que permitiría ratificar al SIC y al Superintendente de Sociedades.

Conozca el proyecto de decreto que permitiría ratificar a la SIC y al Superintendente de Sociedades.

3

de cada cuatro investigaciones por competencia en el mundo se dan por delación.

Contexto de la Noticia

El 15 de septiembre de 2015, se expidió el decreto 1817 en el que se estipula que los superintendentes de Industria y Comercio, Sociedades y Financiero deben ser elegidos después de una convocatoria pública a través de internet, en un periodo máximo de tres meses culminado el periodo del Presidente de la República y ser elegidos si se cumplen con algunas características como: título profesional, maestría o doctorado en áreas afines, acreditar 10 años de experiencia profesional, del sector público o privado, o “experiencia como docente en el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo”.

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