Empresas | Publicado el 28 de julio de 2018

Planes de emergencia, alineados y articulados

Camilo Sánchez Ortega, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Foto: Cortesía.

Ferney Arias Jiménez

En adelante y, por obligación, las empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo deberán incorporar y articular sus planes al Plan Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastre y Estrategias municipales de respuesta, los cuales, actualmente son formulados por las alcaldías gracias a la Resolución 0527 de 2018 expedida por el Ministerio de Vivienda.

La iniciativa surgió porque durante varios eventos de emergencia ocurridos en el país, se identificaron que en algunos municipios se podían observar demoras o inconvenientes en la ejecución de acciones de atención inmediata porque existía desarticulación entre los planes de respuestas y los planes de emergencias y contingencia, por lo cual se retrasaban algunas medidas como la declaratoria de calamidad pública.

“Esto para que los Planes de Emergencia y Contingencia del sector de agua potable y saneamiento básico cumplan lo estipulado en la normatividad vigente. Además, se establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios tendrán que socializar estos planes ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres respectivo”, indicó el Ministerio en un comunicado.

Según ese despacho es fundamental que los miembros de este Consejo verifiquen la inclusión de los contenidos de los planes de emergencias y contingencia dentro de la estrategia de respuesta municipal para los casos en que se presenten desastres que puedan afectar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

“Lo que buscamos con esta norma es poder armonizar y articular cada vez más las acciones de las diferentes entidades locales, de tal forma que se pueda estar mejor preparados y poder ejecutar las respuestas a las emergencias de manera oportuna y efectiva”, manifestó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, quien agregó en el texto que las empresas de servicios públicos contarán con un tiempo máximo de 12 meses para dar cumplimiento a lo estipulado por dicha Resolución.

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