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¿Qué hay tras la tensión en Segovia?
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Instalaciones de El Silencio, propiedad de la Gran Colombia Gold y señalada como la mina más grande de Segovia. FOTO MATEO ISAZA GIRALDO
30 de noviembre de 2015
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En el Nordeste de Antioquia hay un municipio que parece una caldera. Allí viven más de 40.000 personas y gran parte del casco urbano está cimentado en toneladas de oro que los mineros le raspan al subsuelo desde hace más 150 años.
Esa caldera se llama Segovia. Hace dos meses volvió a estar en boca de los medios de comunicación cuando se empezaron a conocer una serie de intimidaciones y atentados que en menos de 60 días cobraron la vida de cuatro mineros y amenazaron con paralizar económicamente al pueblo.
(Lea aquí Nordeste antioqueño, la subregión con más homicidios del departamento)
Esas amenazas, de acuerdo con la fuerza pública, en su mayoría provienen de estructuras criminales como los “Urabeños”, que luchan por controlar las millonarias rentas ilegales que derivan de la explotación aurífera. Esos grupos armados (en la región también hubo presencia histórica del Eln) esta vez intentaron volver a imponer su ley de terror y tuvieron como objetivo a Julio Erazo, representante legal de Damasa y quien tiene a su cargo los contratos de operación más importantes que en el municipio tiene la multinacional Gran Colombia Gold.
Esta situación obligó a que las autoridades se vieran avocadas a reforzar con 120 policías y 80 miembros del Ejército la seguridad de las empresas mineras, de los empleados y en general del pueblo segoviano. Sin embargo, a pesar de que el pueblo está militarizado, la sensación de inseguridad y de que en cualquier momento se vuelve a “calentar” el municipio se mantiene.
“Lo principal y el factor más álgido es la seguridad. Es de conocimiento público que grupos armados encontraron en Segovia un refugio, una olla donde encuentran manera de reclutar, de financiarse con extorsión y con situaciones anómalas que van en contra de la armonía y de la paz. Esto, y la bonanza económica que trae consigo la explotación de oro, ha llevado a que sea especialmente difícil construir tejido social en el municipio y sirve de abono para que se presenten flagelos como la drogadicción y prostitución”, sostuvo sobre el tema Jhony Alexis Castrillón, alcalde del municipio del Nordeste antioqueño.
(Otro minero fue asesinado en Segovia)
Julio Erazo Córdoba, representante legal de Damasa, y quien lleva varios años como contratista de la Gran Colombia Gold en minas emblemáticas como El Silencio y Providencia, señala que a su juicio en Segovia coexisten tres tipos de minería: “La formal que está en cabeza de la multinacional canadiense (Gran Colombia) bajo el RPP (Reconocimiento de Propiedad Privada) 140 y algunas minas que tratan de cumplir con la normatividad; la informal conformada por mineros tradicionales, que ejercen minería sana y transparente a pesar de que lo hagan en un título que no les pertenece; y la minería criminal, auspiciada por algunos mineros que son los llamados machuqueros que buscan invadir y robar con el aval de un grupo armado ilegal.
Esta confluencia de actores hacen que en Segovia se viva una tensa calma. Por los intereses de la multinacional que busca defender sus títulos y usufructuarse de ellos y por los de los mineros informales que argumentan una tradición de más de 30 y 40 años desarrollando su oficio.
(Lea aquí capturado cabecilla en el Nordeste antioqueño)
Propiedad privada
El oro de Segovia no es patrimonio de los segovianos. Las minas que históricamente pertenecieron a la extinta Frontino Gold Mines ahora son de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold.”Paradójicamente donde tenemos la mayor riqueza, tenemos las mayores problemáticas asociadas a la explotación del mineral. Segovia además tiene una particularidad y es que las minas son propiedad privada, lo que hace un poco más difícil la formalización y la legalización de los mineros informales que tenemos en el territorio”, sostuvo Claudia Cadavid Márquez, secretaria de minas del departamento.
En gran parte por esta razón se creó en enero de 2014 la mesa minera para el Nordeste antioqueño, que tiene como objetivo alinear las necesidades y pretenciones de la actividad minera en la subregión con la normativa del Gobierno Nacional.
Sin embargo no es una tarea sencilla. Entre los intereses de los mineros y los de la multinacional en cuestión hay kilómetros de distancia. Eso motivó el paro en el que entró buena parte de los mineros informales en los últimos días y obligó a que todos los actores se reunieran para analizar salidas a la crisis por la que atraviesa el municipio en que cerca del 70 por ciento de la población depende del oro.
Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol (Confederación de Mineros de Colombia), valora la cordialidad de los encuentros que buscan un punto medio, pero cuestiona la falta de política pública por parte del Gobierno Nacional y la incapacidad de este para legislar con las necesidades y particularidades de los territorios, más allá del soporte jurídico que la Gran Colombia tenga para reclamar terrenos que les pertenecen.
El próximo 10 de diciembre representantes de los mineros, el Gobernador de Antioquia, la viceministra de minas, la administración municipal y voceros de la Gran Colombia Gold tendrán la dura tarea de sentarse para intentar encontrar una salida en la que todos ganen. Todos menos quienes desestabilizan, extorsionan y crean el caos para sacar provecho: los grupos criminales.
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