Economía | Publicado el 3 de January de 2018

Demandar ajuste del salario mínimo, ¿sería útil?

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Ferney Arias Jiménez

El Decreto 2269 de 2017 por el que se fijó el salario mínimo para 2018 en 781.242 pesos mensuales, está a punto de correr la misma suerte de la norma que en 2015 estableció el mínimo de 2016: ser demandado ante el Consejo de Estado.

La iniciativa la encabeza Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien asegura que el equipo jurídico de esa organización está encontrando argumentos muy fuertes para demostrar que se violó el reglamento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS).

Para el dirigente, las normas reglamentarias de la CPCPLS (Ley 278 de 1996) señalan que las reuniones deben ser convocadas por quienes tienen el rol de coordinación. “La convocatoria no se hizo, y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, así lo reconoció en declaraciones que dio a medios radiales. Además, al encuentro del sábado con el presidente, Juan Manuel Santos, no asistieron todos los gremios de la producción y el reglamento es claro en el sentido de que los integrantes de la Comisión no pueden delegar su representación”.

No obstante, Pedraza reconoce que la intención no es derogar el 5,9 % en que se aumentó el salario mínimo, sino fijar un precedente en contra del Gobierno que “lo que hace es manipular un instrumento de origen constitucional como la CPCPLS, que está reglamentado por la ley”.

Derecho al reclamo

Para Camilo Piedrahita Vargas, decano de la Escuela de Derecho de Eafit, los argumentos de la CUT para instaurar y sustentar una eventual demanda son débiles.

“Decir que no hubo convocatoria para la última reunión resulta un absurdo. ¿Se les debió mandar una notificación por correo certificado? Incluso, si un juez les concede la razón por omitir ese formalismo podría tumbar el decreto, ante lo cual la respuesta del Gobierno, que es el rector de la economía, sería expedir otro decreto” (ver Dicen de...).

En la misma línea se expresa el abogado Humberto Jaramillo, quien comenta que la concertación para acordar el salario mínimo es de quienes tienen interés en participar o sean invitados y haber concertado sin un actor social, no hace ilegal el acto de acuerdo.

“Algo práctico y es que dicen que demandan. Mientras redactan la presentación y se decide, ya es el momento de debatir el salario de 2019, por lo que esto es más un acto político que jurídico y económico”, añade.

El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Luis Miguel Morantes, quien participó en la reunión del sábado, admite que en ese encuentro no estuvieron ni la CUT ni uno de los gremios empresariales, pero explica que el reglamento de la Comisión contempla que la mayoría puede decidir.

“Si cada sector tiene cinco representantes y faltó uno, quiere decir que los cuatro que acudieron a la reunión son mayoría”, declaró el dirigente, quien también reconoce que el incremento salarial no llena las expectativas de los trabajadores.

Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical, dice que lo observado evidencia una de la CPCPLS y es necesario un cambio .

Contexto de la Noticia

La CUT asegura que ha demandado los aumentos del salario mínimo de los últimos tres años, sin que el Consejo de Estado dé una respuesta. No obstante, en marzo del año pasado, trascendió que la Sección Segunda del Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el alza del mínimo para 2016. Pero, esa decisión no fue retroactiva, ni afectó el incremento salarial efectuado para ese año, y tampoco implicó que a los colombianos se les reconociera algún reintegro. La sentencia se interpretó como una exhortación o un “regaño”, del Consejo de Estado al Gobierno, para que en adelante revise los procedimientos para fijar por decreto el incremento del salario mínimo y explicarlos con suficiencia y precisión.
El alza del 7 %, de ese año, no se tocó.

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