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“Condiciones negativas de la economía”. Esa frase con la que Fabricato encabezó la justificación de la parálisis de su producción, entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre de 2017, sirvió para que en redes sociales se cuestionaran los buenos resultados económicos que pregona la administración de Juan Manuel Santos Calderón.
Al respecto, la Cámara Colombiana de la Confección afirma que, como consecuencia de la crisis, se han cerrado 3.200 empresas pequeñas y medianas, datos que, advirtió, no los registra el Dane ni el Ministerio de Comercio.
A esta crítica se sumaron los ciudadanos a través de las redes sociales. Por ejemplo, Camilo Guzmán Sáenz, dijo en un trino que “pero @MauricioCard asegura que todo va bien”, en referencia al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. La diputada antioqueña del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, anotó que la medida tomada por la textilera “no obedece al pesimismo de los medios, obedece al terrible panorama económico actual”.
La noticia llevó a Freddy Castro a sostener que “era falsa la promesa de crecimiento económico”, mientras que Sergio Fernández concluyó que “el modelo económico fracasó”. Y el analista Alberto Bernal escribió que “los mismos que van a comprar ropa a #SanAndresito se quejan de que el gobierno “no haga nada” para ayudar a Fabricato. A ver, es su culpa”.
El coctel de comentarios obedece a las variadas razones que esgrimió Fabricato para justificar la suspensión de sus actividades industriales.
Entre ellas figuran el debilitamiento de los aranceles o impuestos a las importaciones de telas que le compiten. El masivo ingreso de telas y ropa del exterior y el contrabando de productos textiles.
Todo lo anterior golpeó sus ventas, elevó los inventarios de producto terminado, tiñó de rojo su balance industrial y amenaza con afectar la caja de la compañía creada en 1920 en el municipio de Bello, Antioquia.
Lo llamativo del comunicado de la textilera, es que a pesar del silenciamiento de sus máquinas, honrará todos sus compromisos. Dado que eso incluye las obligaciones laborales, el receso se toma como una licencia remunerada. La organización les aclaró a sus colaboradores que “este cese de actividades no es un premio ni un período de descanso normal, sino la consecuencia de las circunstancias negativas arriba mencionadas”.
Al final de la tarde de ayer, el Gobierno anunció que, luego de un mes de trabajo con los empresarios, acordó la expedición de un decreto de control aduanero específico para los productos de la cadena textil.
Según la saliente ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, “el Gobierno ha venido trabajando conjuntamente con los textileros para mirar herramientas que nos permitan ayudar también a ese sector a hacer un control aduanero, tal como lo hemos hecho con el de las confecciones”.
La funcionaria precisó que el decreto se trabajará también con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Se prevé el establecimiento de un umbral de precios para la importación de estos productos, a fin de que los que ingresen por debajo de ese umbral sean sometidos al control de las autoridades aduaneras. Cuando el tope se defina, con el resto del proyecto de articulado, el mismo será publicado y los interesados tendrán un plazo de 15 días para hacer sus comentarios. Surtido ese trámite, se harán los ajustes respectivos y se procederá con su firma.
Para el caso de las confecciones, que ya tienen un decreto en la misma línea, se complementarán los controles aduaneros, con una variable adicional de peso por prenda.
Con los confeccionistas también se establecerá un reglamento técnico fijo de marquillas, vía resolución del Mincomercio .