colombia | Publicado el 21 de diciembre de 2017

Prieto mantiene sus maniobras evasivas cercado por acusaciones

La Procuraduría sospecha que Roberto Prieto favoreció a Marketmedios mientras estaba en el BID. Las pruebas recogidas permitieron abrir un proceso por la Cumbre de las Américas. FOTO Colprensa

Julián Amorocho Becerra

Aún a paso lento, ayer avanzó una de las dos investigaciones por corrupción que tienen cercado al polémico exgerente de la campaña reelecionista del rpesidente Juan Manuel Santos 2014, Roberto Prieto, con la Procuraduría pisándole los talones por, presuntamente, haber favorecido con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a Marketmedios, empresa de propiedad familiar, cuando era funcionario de esta entidad internacional.

Sin embargo, tal como ha ocurrido con las múltiples acusaciones de haber estado involucrado con el ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña del presidente, Prieto eludió responsabilidades al pedirle al Ministerio Público cesar toda investigación en su contra, amparado en una supuesta “inmunidad diplomática” que le concedería el haber sido director ejecutivo por Colombia y Perú del BID.

En una decisión por lo menos inusual, en un anuncio pago en varios medios de comunicación ayer, el banco zanjó la polémica al aclarar que las pretensiones de su exfuncionario no tenían sustento alguno.

“La inmunidad diplomática que en efecto cubre a los directores ejecutivos de los países miembros del banco, solo opera durante su periodo y en el ejercicio legítimo de sus funciones”, declara el BID.

Además, enfatizan en que los directores ejecutivos son nombrados por sus propios Gobiernos, no tienen acceso a la preparación de proyectos de préstamo del banco, toda vez que este mismo, “prohibe expresamente cualquier contacto entre miembros del directorio y el personal profesional”.

La Procuraduría, que abrió investigación en agosto pasado, tiene indicios de la participación de Prieto en un favorecimiento multimillonario, por lo que está revisando todos los convenios del BID con Marketmedios.

Después de todo, la contratación de la empresa de Prieto con el Estado supera los 80 mil millones de pesos.

Los indicios también vienen de marzo, cuando fue el propio BID el que anunció una investigación en su contra por irregularidades en la contratación de campañas publicitarias para promover la seguridad vial entre Marketmedios y el Ministerio de Transporte, que fueron pagadas por el banco y que se habrían firmado cuando Prieto laboraba allí.

El cerco

La idea de Prieto era ser juzgado por el Comité de Ética del BID, amparado en que al no haber sido funcionario público, la Procuraduría no tenía alcances en su caso.

No obstante, el procurador general Fernando Carrillo le respondió asegurando que “la inmunidad bajo ninguna circunstancia puede ser factor de impunidad”.

De la revisión contractual que viene adelantando el Ministerio Público, en septiembre se enviaron los hallazgos a la Fiscalía, que el 15 de diciembre abrió un proceso por la contratación de la Cumbre de las Américas, en cuya unión temporal se encuentra Marketmedios y en donde están comprometidos 12 mil millones de pesos.

Se trata de un avance mayor al mostrado en el caso por el que el país conoció a Prieto que es el del ingreso de dinero Odebrecht a la campaña presidencial de Santos.

Los indicios son cada vez más ruidosos: en marzo, él mismo admitió en radio nacional el ingreso de dinero de Brasil. Un mes después, la Fiscalía anunció la imputación de cargos por fraude procesal pero no ocurrió nada.

En julio, la propia Fiscalía informó que a la campaña Santos 2014 entró un millón de dólares de los brasileños y desde entonces, implicados de todo tipo, como Gabriel García Morales, Otto Bula, Eduardo Zambrano, Bernardo “Ñoño” Elías y Luis Fernando Andrade lo han señalado como receptor de estos dineros. No obstante, nada ha pasado aún en este frente de investigación del escándalo.

Resulta por lo menos particular que en marzo, la Contraloría puso la lupa sobre el contrato de la Cumbre de las Américas, pero hasta la fecha, no han mostrado avances.

En el Consejo Nacional Electoral, CNE, también tienen una investigación por la entrada de dinero que habría orquestado Prieto. Sin embargo, este mes vencen los términos y no se conocen aún avances.

La relación con el BID

Las relaciones entre los países con entes internacionales de crédito como el BID suelen ser cuidadas con recelo por los Gobiernos.

Así lo explicó el experto internacional Luis Trejos, quien advirtió que la relación con este banco llegó a su mejor momento en los últimos años con Luis Alberto Moreno como presidente.

Por eso, aunque se trata de un incidente sin precedentes, Trejos no cree que la actuación de Prieto pueda llegar a dañar la relación. “Esto puede manchar la imagen, pero yo no creo que llegue a golpear la relación porque Prieto no es un eslabón, sino el primero y único caso”, consideró.

No obstante, insistió en que la comunidad internacional estará muy atenta a como opere la justicia en este caso.

“Para cuidar la imagen internacional, habrá presión para que haya sentencia. Después de todo, en Colombia hay una especie de fetiche por la calificación de las tasas de riesgos y que te digan que eres seguro en la deuda... Es una carrera por mostrarnos como buenos deudores”, explicó.

4.000

millones de pesos en un contrato con Marketmedios y el BID es un eje del caso.

Aunque la justicia cuenta con pruebas para avanzar en el proceso contra Roberto Prieto, hasta la fecha, no ha sido vinculado. Por ahora, el BID dejó claro que el camino no es la inmunidad.

Contexto de la Noticia

La actuación de Roberto Prieto en casos como Marketmedios y Odebrecht dejan indicios claros de la comisión de, al menos, dos delitos.

Así lo explicó Francisco Bernate, abogado penalista, quien sostuvo que “él ha reconocido abiertamente una serie de hechos irregulares relacionado con la contabilidad de la campaña y aparte, el hecho de inducir al error a la autoridad es un delito. Tiene que aclarar su participación, por eso no se explica la lentitud”.

A juicio del jurista, Prieto podría tener responsabilidad en delitos como falsedad en documento público y fraude procesal.

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