La presunta estafa que dejó sin grados a varios estudiantes de una universidad en Medellín

En esta esquina de La Playa con la carrera 42 está la sede principal de la Corporación Universitaria Americana. FOTO GOOGLE STREET VIEW
Este es el recibo de caja del congreso al que asistió Pablo Gutiérrez.

El viernes de la semana pasada, en el auditorio principal del Club Medellín, casi 500 familias orgullosas vieron graduar a sus hijos, hermanos y nietos de los distintos programas de la Corporación Universitaria Americana (CUA). Sin embargo, 12 familias que ya tenían los vestidos listos para la ceremonia e incluso habían viajado a Colombia desde otros países, se quedaron, como dicen los paisas, “con los crespos hechos”.

El 27 de marzo, menos de dos semanas antes de la graduación, 12 estudiantes de Derecho y otros programas tecnológicos de la institución universitaria recibieron una carta firmada por el rector, Albert Corredor, en la que los citaban a descargos “con el fin de aclarar la presunta violación del reglamento estudiantil” y les informaban que quedaban suspendidos de la ceremonia de grados.

Según la universidad, una revisión de carácter financiero y jurídico encontró inconsistencias en los pagos de semestres académicos, diplomados, congresos y hasta derechos de grado de los estudiantes llamados a declarar.

Los alumnos, sin excepción, aseguraron que sí habían pagado, e incluso mostraron los recibos de caja con el papel membrete de la universidad —emitidos desde la oficina de Admisiones y Registros— y los pantallazos del sistema Q10 que usa la institución, en el que aparecían las cuentas a paz y salvo.

¿Qué pasó?

Según el rector Albert Corredor, en el mes de febrero evidenciaron “registros ingresados de manera irregular al sistema académico que expide los recibos de caja, los cuales, al contrastarlos con el sistema financiero, no existían; es decir, los dineros no ingresaron a la cuenta bancaria institucional, único medio autorizado por la Corporación Universitaria Americana para recibir cualquier pago”.

De acuerdo con Corredor, los registros irregulares se deberían al “actuar indebido, carente de ética y principios morales de algunas personas, que genera un profundo sentimiento de tristeza y decepción”.

Aunque la universidad no confirmó quiénes son las personas involucradas, las versiones de distintos estudiantes consultados por EL COLOMBIANO coinciden: una empleada de la oficina de Admisiones y Registro les ofrecía supuestos descuentos en los pagos y les daba un número de cuenta para que depositaran allí el dinero. Después, les pedía los recibos de las consignaciones y en la misma caja de la Corporación Universitaria les imprimían el comprobante.

Se trata de Marisol Toro Castaño, una mujer que según los estudiantes pasó por varios cargos en distintas dependencias de la universidad mientras cursaba los últimos semestres de Derecho. La CUA no confirmó ni desmintió que esta empleada tenga algo que ver con los registros irregulares.

Alberto Rodríguez*, un estudiante que prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias, le contó a EL COLOMBIANO que Toro Castaño le ofreció, en febrero de este año, un descuento por los derechos de grado.

Rodríguez debía pagar un salario mínimo, pero Toro Castaño le aseguró que a ella, por ser trabajadora de la institución, le daban un descuento especial y solo tendría que pagar $500.000.

“El argumento de esta persona fue: ‘yo soy empleada de la universidad y como empleada a mí me dan un descuento. Como también soy estudiante de Derecho y no me alcanzo a graduar con ustedes, para que no se pierda esto, yo se lo doy a usted’. Y a los otros compañeros les dijeron exactamente lo mismo, cuando yo creía que sólo me estaban dando el descuento a mí”, aseguró Rodríguez.

El estudiante asegura que confió en Marisol Toro porque había sido compañera suya y llevaba mucho tiempo trabajando en la universidad, donde supuestamente se había ganado el respeto de sus jefes por su entrega y dedicación. “Estamos hablando de una persona que es directamente de la universidad, no era una persona de la calle, ¿así quién no se va a confiar?”, se pregunta Rodríguez.

Cuando recibió la carta del rector, Rodríguez buscó a Marisol Toro, pero la mujer tenía apagado el celular y nunca la volvieron a ver en las instalaciones de la Corporación Universitaria. El estudiante de derecho denunció a la trabajadora de la CUA ante la Fiscalía.

Lo mismo hizo Pablo Gutiérrez*, quien había “tramitado” tres pagos a través de Toro: su décimo semestre académico de Derecho —en mayo de 2017—, un diplomado y un congreso. Él asegura que fue a clases normalmente, aparecía en las listas de los profesores y en el sistema de la universidad, lo calificaban sin ningún problema y le daban certificados de asistencia a las actividades académicas extracurriculares.

“En tres ocasiones usé sus servicios (los de Marisol Toro) como empleada de la universidad, ya que me pareció una persona seria, con familia, responsable, y porque era de la oficina de Admisiones y Registro. Deposité mi confianza en ella (...), los pagos fueron realizados en efectivo o en el Servipag de Bancolombia. Ella me expedía luego unos recibos de pago de la universidad donde aparece el logo y sello y efectivamente aparecían los pagos en la plataforma”, dijo Gutiérrez en la denuncia formal ante la Fiscalía.

Por el congreso CIID 2017 Diálogo entre saberes con perspectiva Global Gutiérrez tiene un recibo de caja de 300.000 pesos, mientras que el diplomado le costó 1’400.000 pesos. Los recibos, con sello y logo de la CUA, fueron expedidos en una caja de la universidad por otro funcionario; sin embargo, cuando revisaron el número de cuenta al que habían consignado el dinero, no coincidía con el de la institución, sino que estaba a nombre de Marisol Toro Castaño.

Este es el recibo de caja del congreso al que asistió Pablo Gutiérrez.

Rodríguez y Gutiérrez aseguran que obraron de buena fe y confiaron en Marisol Toro por ser trabajadora de la CUA. Según ellos, no tenían idea de que la cuenta que les pasaba para consignar el dinero era personal, y no de la institución. “Los estudiantes, como la universidad, también somos víctimas de esta estafa”, dice Rodríguez.

Sin embargo, la universidad investiga si los estudiantes usaron a Marisol Toro como intermediario para obtener descuentos no autorizados, o si fueron víctimas de la funcionaria que se habría aprovechado del acceso al sistema de información de la institución para registrar pagos que nunca existieron (o sí fueron hechos, pero a su propia cuenta de ahorros).

La CUA precisó que el 2 de marzo interpuso la denuncia ante la Fiscalía por acceso abusivo al sistema informático institucional y el 20 del mismo mes, el rector se reunió con el director seccional de Fiscalías de Medellín, para informarle “acerca de otro tipo de conductas punibles que en su momento la autoridad competente determinará”.

EL COLOMBIANO trató de contactar a Marisol Toro Castaño, pero el número de celular aparece fuera de servicio.