opinión | Publicado el

Rafael Nieto Loaiza


OTRO CONEJO

Prometió que la última palabra sobre los acuerdos con las Farc la tendrían los ciudadanos. Fue con esa base, y con mucha “mermelada” para corromper políticos y ciudadanos y acusando a sus críticos de “enemigos de la paz”, que ganó su reelección. Pero ahora también nos hará conejo.

Tenía las opciones del referendo y de la constituyente. La constituyente la descartó por tres razones: la primera, porque cree que es una caja de Pandora y que aunque la Constitución del 91 reconoce la posibilidad de hacer asamblea “constitucionales”, es decir, con temario limitado, después de instituida la asamblea se proclame constituyente, como la del 91, y no haya quien la ataje. La segunda, porque teme que sus aliados no ganen y que sus críticos obtengan una mayoría y, en consecuencia, cuestionen, condicionen y modifiquen los acuerdos que se alcancen con las Farc. Por último, que esa constituyente le abra la puerta a la reelección de Uribe, la peor pesadilla de Santos.

Y se bajó del referendo porque este exige el 25 % del censo electoral y Santos sabe que no lo alcanzaría y porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que se debe preguntar por separado cada asunto que suponga una reforma a la Carta Política. Como ocurre que todas las encuestas muestran que no hay apoyo popular a al menos dos aspectos cruciales de la bajada de pantalones frente a las Farc, Santos lo llamó un “suicidio”. En efecto, los ciudadanos se niegan a que la guerrilla no pague con cárcel por sus crímenes atroces y a que participe en política sin restricciones. En la última encuesta de Gallup, de este mes, el 81 % de los ciudadanos desaprueba esas posibilidades. De manera que el Gobierno decidió que no puede preguntar separadamente sobre cada uno de los temas cruciales.

Para ello se escurrió del referendo y saltó al plebiscito, que permite hacer una única pregunta sobre políticas públicas. Pero ahí también Santos se negó a jugar con las reglas previas y ya establecidas. Como la ley exige un umbral del 50 % para los plebiscitos, ya anunció que se bajará al 13 %, míseros 4.4 millones de votos. Y como establece que el Congreso haga control previo dentro del mes siguiente al anuncio presidencial de convocatoria y que una mayoría simple podría negarla, la cambiarán para que solo se pueda rechazar por mayoría absoluta. Y como hoy el plebiscito solo tiene efectos políticos, pretenden hacerlo “vinculante”, jurídicamente obligatorio. Es decir, lo vuelven un referendo, saltándose las reglas del mismo y evitando las preguntas individualizadas.

Como en el caso del “congresito”, donde emasculan al parlamento y quieren establecer que solo una mayoría absoluta pueda negar los proyectos del Gobierno, aquí se pretende imponer la voluntad de unos pocos y hacer imposible la voz de quienes tienen críticas a algunos de los acuerdos con las Farc.

Es cobardía, miedo puro a que la gente rechace lo que unos pocos pactan a escondidas del país. Pero es también una violación más a la Constitución y un ataque rastrero a la democracia. Si es tan bueno eso que firman en La Habana, ¿cuál es el temor a que los ciudadanos se pronuncien sobre lo que pactan?

Para conseguir lo que quieren, ellos que tienen la verdad revelada y que saben bien lo que le conviene al pueblo ignorante, no tienen reparo en trastocar las instituciones y manosear groseramente el orden jurídico para conseguir sus objetivos. A la rama legislativa la castran con una “comisión legislativa especial”, a la judicial le montan en paralelo el tribunal para “la paz”, al Ejecutivo le expiden una ley habilitante para que haga lo que le venga en gana. Y todo eso con cambio de las reglas de juego y perversión de la democracia, de manera que sean las minorías las que se impongan.

Sin embargo, señor Santos, no sobra que recuerde que “para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos” es indispensable una aprobación popular verdaderamente mayoritaria. Sin ella, repito, los acuerdos no valdrán ni el papel en que están escritos.


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