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Un gran debate ético pendiente


En el primer acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc, el mismo que fue rechazado por mayoría de votantes en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, se habilitó la participación política y electoral de los miembros de las Farc, independiente de que estuviesen incursos en investigaciones por delitos de cualquier clase.

Forzada una renegociación exprés por el resultado adverso en las urnas, los delegados del Gobierno reconocieron que este punto era inamovible e inmodificable para las Farc, y por eso así quedó. El punto 36 del capítulo relativo a la Jurisdicción Especial de Paz dice que “la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

Las mayorías parlamentarias del Congreso de la República convalidaron luego esta concesión. Que, en una época de vigencia del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y su filosofía de no dar amparo a crímenes que ofenden a la humanidad, fue mucho más allá de lo que ha sido habitual en las negociaciones para finalizar conflictos armados internos. Porque lo usual había sido habilitar la participación política y abrir espacios electorales, pero en esta ocasión se fue más allá y abrió paso para llegar a cargos de elección popular incluso a aquellos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Ni más ni menos.

Con mecanismos constitucionales y políticos forzados, llevando a límites antes impensados interpretaciones de la Carta Política, esta posibilidad ya está incorporada a la Constitución, cuyo texto impedía expresamente que pudieran ser elegidas personas responsables de este tipo de crímenes.

No se trata ahora de volver a barajar lo decidido en La Habana. Sin embargo, no es un asunto del que simplemente se pueda decir que es cosa del pasado. No es así. Es una realidad sobre la que el país habrá de volver en pocos meses, incluso semanas, cuando las campañas al Congreso y a la Presidencia comiencen y las Farc presenten sus candidatos y notifiquen a la sociedad colombiana cuál es el parámetro político y ético que quieren ofrecer.

Porque el debate en el país se ha circunscrito al aspecto político, y allí buena parte de la clase política e intelectual ha asumido el discurso de las propias Farc. Pero el debate ético ha estado, absurda e inexplicablemente, ausente.

Y ese gran vacío hace que una pregunta fundamental no haya tenido respuesta clara para los colombianos: ¿mejorará el clima ético de un país hundido en la corrupción, con representantes políticos en el Congreso y otras instancias, con graves crímenes a sus espaldas?

Y otra pregunta: teniendo en cuenta que el Nuevo Acuerdo Final tiene varias disposiciones que hablan de “no estigmatización” e incluso preve medidas que hablan de “uso del lenguaje”, ¿será “estigmatizador” señalar, recordar o preguntar por los crímenes de aquellos candidatos a ser elegidos en cargos de representación política? ¿El legítimo ejercicio de la memoria y el derecho de honrar a las víctimas, teniendo en claro quiénes fueron sus victimarios, será considerado contrario a los intereses electorales de las Farc, y por tanto, restringido?

Los políticos ya han hablado y han decidido. Hay un debate ético pendiente que espera la voz de los intelectuales y, sobre todo, de los humanistas .


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