Redoblar acción contra Clan del Golfo

El país debe condenar la masacre de ayer en Urabá y hacer sentir el respaldo a la Policía. El Clan del Golfo ha sufrido golpes certeros y hay que arreciar en la acción y persistir en su desmonte.

El Colombiano

12 de abril de 2018

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Ocho agentes de la Policía Nacional fueron asesinados ayer en San Pedro de Urabá, en una masacre de tipología terrorista, que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atribuyó al Clan del Golfo, la organización criminal con tentáculos en varias zonas del país, pero cuya principal área de operación es la del Urabá antioqueño.

Desde hace mucho tiempo hemos insistido desde este mismo espacio que los policías caídos en ejercicio de su misión, así como los miembros de los demás componentes de la Fuerza Pública, no deben ser cifras que se citan fríamente en las estadísticas de la lucha contra la criminalidad en Colombia. Cada uno de estos uniformados era un defensor de la legalidad y cumplía un alto servicio público que la Constitución les encomienda. Detrás de cada uno de ellos hay una familia, padres, hijos y esposas, cuyo proyecto de vida sufre un golpe artero.

Por eso citamos sus nombres: el subintendente Fabio Sarmiento Sarmiento y los patrulleros John Jairo González Cardona, Jorge Pacheco Solano, José David Pérez Hernández, Giovanny Rodríguez Castaño, Never Alfonso Sierra Franco, José Alejandro Sade Ballesteros y Darlin Rodríguez Sarabia. Dos más resultaron heridos. Todos ellos acompañaban a una comisión de restitución de tierras y la patrulla fue volada con explosivos.

El pasado 12 de febrero, este diario publicó un informe detallando los uniformados muertos en el transcurso de la Operación Agamenón, la gran estrategia conjunta de las Fuerzas Militares y de la Policía para acabar con las estructuras y la operación del Clan del Golfo, básicamente dedicada al narcotráfico, la extorsión, la captación ilegal de rentas y el lavado de activos. La mayoría de uniformados caídos son de la Policía Nacional. Con los asesinados ayer, serían ya 77 -y cuatro miembros del Ejército- muertos en diversas circunstancias -operativos sobre el terreno, accidentes de aeronaves, o asesinados en los llamados “plan pistola”- pero con un componente común: en la búsqueda de derrotar a la que es, hoy por hoy, junto con el Eln y las llamadas “disidencias” de las Farc, la mayor causante de violencia y criminalidad en vastas zonas del territorio nacional.

Este enorme sacrificio de miembros de la Fuerza Pública ha permitido, por otra parte, golpear la cúpula de la organización criminal. Varios de sus cabecillas han caído ante su reticencia de entregarse a las autoridades: “Guagua”, “Gavilán”, “Inglaterra” y “el Indio”. Según los reportes oficiales, más de 1.450 miembros han sido capturados desde 2015. El ministro de Defensa, en entrevista a EL COLOMBIANO el pasado domingo, dijo que han pasado de 4.400 a 1.100 miembros hoy.

La complejidad estriba no solo en la capacidad económica derivada del narcotráfico y su oleada corruptora sino en los mecanismos de control social que, sin duda alguna, ejercen en municipios enteros y veredas a las cuales el Estado y la institucionalidad no han llegado. De esa forma han pretendido hacerse pasar como una organización insurgente con finalidades políticas, con el propósito de negociar beneficios como los que les han sido concedidos a otras organizaciones ilegales en procesos de negociación a los que el Estado, tarde o temprano, termina accediendo.

Por lo pronto, el Presidente debe demostrar su compromiso con las Fuerzas Militares, persistir en los operativos policiales, militares, de inteligencia y judiciales, arreciar la persecución y asegurarse de que las autoridades locales y las comunidades estén de parte de las autoridades legítimas..