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La mediación de la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, el paso de los días (53) en un paro con consecuencias nefastas que se irrigan a toda suerte de ciudadanos, empresas, organizaciones y sectores económicos y productivos, llevaron a la asamblea de afiliados al sindicato de la Asociación de Aviadores Civiles (Acdac), que prestan sus servicios a Avianca, a suspender en la noche del pasado jueves el cese de actividades, es decir, la huelga, y a comprometerse a reanudar actividades el próximo lunes.
Es una buena decisión, por supuesto, en cuanto implica la normalización paulatina de un servicio público esencial en un país en el cual hay pocas alternativas de transporte rápido, y en el que Avianca cubre varias de las rutas más solicitadas, con mayores frecuencias de itinerarios. La reducción forzosa de vuelos generó también la carga para los viajeros de una subida abrupta de tarifas, al punto de hacerlas prohibitivas para miles de usuarios.
La decisión de los sindicalizados en Acdac no termina el conflicto laboral con la aerolínea, aunque sí suspende (ese fue el término usado en el comunicado) la principal medida de presión por parte de los pilotos, que no afecta solo a la empresa sino a miles de usuarios. Por lo pronto, el tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo, y que ha tenido diversos tropiezos por las sucesivas renuncias de dos de los árbitros designados, sigue pendiente de sesionar y emitir el laudo en el cual definirá qué obligaciones deberá asumir Avianca y cuáles de las reivindicaciones del pliego de peticiones de Acdac son incorporadas a la convención colectiva y cuáles no. Ayer, el presidente de la junta directiva de Avianca, Germán Efromovich, aseguró que la empresa acatará el dictamen del tribunal de arbitramento. Así debe ser, y a lo mismo debería comprometerse Acdac.
Es apenas natural que los afiliados al sindicato que se sumaron al paro, pidan que no se tomen represalias contra ellos, en cuanto consideran que estaban en ejercicio de un derecho fundamental para lograr mejores condiciones laborales. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo se sumaron a esta petición.
Pero también es natural que la empresa quiera ejercer su derecho de dirimir el conflicto laboral por las vías jurídicas, que incluyen las judiciales, una vez que las de la negociación directa no prosperaron. Ayer Efromovich dijo que aún no tienen consolidada la cifra de pérdidas que a la aerolínea costó este paro de casi dos meses, pero buena parte de razón le asiste al defender que los instrumentos legales no pueden entenderse como retaliación o represalia. Si incoan procesos internos disciplinarios, ellos deberán estar amparados por las garantías que la Defensoría reclama en el comunicado conjunto (ver Opinión).
Finalmente, pronto deberá producirse la decisión de segunda instancia, en la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad del cese de actividades, declarado ilegal en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Hay antecedentes que ratifican que el aéreo es un servicio de transporte de carácter esencial. Será la Sala Laboral de la Corte Suprema la que sustente una decisión en derecho sobre este paro en concreto y ofrezca seguridad jurídica y certeza a las partes en litigio para que tomen las decisiones que contractual y legalmente correspondan.
En lo que no hay duda, y ayer lo dijeron tanto Avianca como la ministra de Trabajo, es que con este paro todos perdieron, comenzando por miles de colombianos afectados directamente por el parón en un servicio que más que un lujo, es una necesidad de la vida diaria.