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El periodismo en América no deja de ser una profesión de alto riesgo, en especial en aquellos territorios donde campean grupos armados ilegales con gran poder de daño y Estados débiles y dubitativos frente al deber de proteger la vida y las libertades de los ciudadanos, entre quienes por supuesto se cuentan los integrantes de la prensa.
Esa indefensión acaba de confirmarse con el asesinato del reportero Javier Ortega, del fotoperiodista Paúl Rivas y su conductor Efraín Segarra, del diario El Comercio, de Quito, quienes al parecer recibieron tiros de gracia, el miércoles en la tarde-noche, tras 17 días de secuestro en manos de un grupo criminal conformado por exmiembros de las Farc, cuyo jefe es el ecuatoriano Wálter Patricio Artízala Vernaza, alias “Guacho”.
Por supuesto que el primer responsable de la aniquilación del equipo periodístico es este personaje funesto, autor de ataques contra los civiles y las fuerzas armadas de Colombia y Ecuador, además de atentados contra la infraestructura. Un sujeto involucrado con las mafias del narcotráfico que ha demostrado absoluto desprecio por la vida humana.
Pero la confirmación de la muerte de los comunicadores, secuestrados en Mataje (Esmeraldas), del lado ecuatoriano de la frontera, trajo interrogantes: antes de la constatación del triple homicidio por parte del presidente ecuatoriano Lenin Moreno, ya circulaban tres fotografías que mostraban los cuerpos baleados de Ortega, Rivas y Segarra.
¿Quién captó las imágenes y las difundió? ¿Se trató de una matanza cobarde y de ordinario, una ejecución extrajudicial forzada por algún tipo de presión sobre los captores? ¿De qué lado de la frontera se dieron los hechos en los que terminaron asesinados periodistas y conductor? ¿Quién asume, en términos de Gobierno y Estado, el manejo y el desenlace de este episodio de secuestro en una frontera porosa e insegura?
Detrás de la impiedad de los asesinos, de los evidentes atropellos que cometen los actores armados ilegales en esa línea fronteriza, están las preguntas sobre la fragilidad y la pobreza de las garantías que deben brindarse a la prensa, los medios y sus periodistas. Es un síntoma muy revelador de la orfandad de los civiles en aquella zona que sean organismos humanitarios internacionales los que han quedado comisionados para recuperar los cadáveres de estos nuevos mártires del oficio, sacrificados en total estado de indefensión y a mansalva en algún paraje de la selva colombo-ecuatoriana.
Con este episodio, también queda descrito y ratificado el imperio de los ilegales en un territorio permeado por las estructuras transnacionales del narcotráfico. Y se acrecienta el llamado a una respuesta contundente de los gobiernos de ambas naciones, hasta ahora bastante incapaces de someter a delincuentes de semejante calaña y brutalidad.
Con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Medellín y en pleno desarrollo de la Cumbre de las Américas, en Lima, es una obligación moral, ética, profesional y humana exigir que el triple asesinato de los colegas de El Comercio no se convierta en otro caso más de las cifras del 90 % de impunidad que rodean las agresiones a la prensa del continente. ¡Que haya justicia!
Se debe destacar la actitud de los medios de información de trayectoria, que se abstuvieron de publicar las imágenes, que ya se creen fidedignas, de los cuerpos inertes de Ortega, Rivas y Segarra. Hubo responsabilidad y respeto.
Ahora hay que dolerse sin rodeos por esta aterradora noticia, que mancha de sangre y luto el oficio y que remarca las amenazas que rondan la libertad de prensa y de expresión en nuestro hemisferi0. #ElPeriodismoVive